Piden nueva Ley Minera que garantice respeto a las comunidades

Legisladores del PRD y organismos no gubernamentales defensores de los derechos humanos y del medio ambiente demandaron al Senado avalar una nueva ley minera en la que se especifique que esa actividad no tiene carácter preferente sobre otras.

Al encabezar un mitin afuera de la Cámara alta, la senadora Iris Vianey Mendoza indicó que la propuesta pretende alcanzar un nuevo marco jurídico para regular la minería en México, a fin de que se garantice el respeto, la democracia y el futuro para nuestras comunidades.

Por esa razón, se plantea la participación vinculante de la población sobre toda decisión que permita actividades mineras, a fin de crear la "licencia social" mediante la participación ciudadana, al otorgar concesiones para la exploración minera, subrayó.

Mendoza Mendoza indicó que también se establece un capítulo sobre los derechos de las poblaciones indígenas al goce preferencial del territorio y de los recursos naturales frente a las actividades mineras, y se separan las concesiones de exploración de las referentes a la explotación y el beneficio minero.

Precisó que además "se anulan las cláusulas de confidencialidad que actualmente ocultan información que deben entregar las empresas mineras al Estado, y la Secretaría de Economía tendrá la obligación de hacer pública la información que posea al respecto".

Además, se introduce el cobro de regalías por el valor del volumen de minerales producidos a boca de mina, no sobre los ingresos reportados por las empresas, y se elimina la protección, por reserva fiscal, a la información sobre impuestos con que contribuyen las mineras al fisco.

A su vez, miembros de organizaciones como Colectivo Radar, Fundar, Movimiento de Pueblos de Morelos y Frente Opositor a la Minera San Xavier, afirmaron que mientras la ley tenga a la extracción minera como actividad preferente sobre otras, "se mantendrá la inconstitucionalidad".

Urge regular la actividad minera, sobre todo la "megaminería", cuyo "creciente control político sobre el territorio destruye el poder formal municipal, estatal y nacional", además de que contamina las tierras de cultivo y los acuíferos, señalaron los integrantes de esas organizaciones.