Garantizado derecho de audiencia a organizaciones ciudadanas: TEPJF

El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), estableció que las organizaciones ciudadanas en busca de registro como partido a nivel nacional o local, tienen garantizado el derecho de audiencia ante el IFE o los institutos electorales estatales.

En una jurisprudencia de carácter obligatorio, el tribunal recordó que el derecho de libre asociación y la libertad de los ciudadanos de participar en los asuntos políticos del país, está garantizada por la Constitución Política mexicana.

La disposición, prevista en la jurisprudencia 3/2013, emitida por el máximo órgano jurisdiccional en materia electoral del país, implica que antes de que el órgano electoral administrativo emita su resolución sobre la procedencia o no del registro respectivo, debe avisar a la organización respectiva para que alegue en su defensa.

En la Constitución, destacó el TEPJF, se advierte que son derechos del ciudadano asociarse individual y libremente para tomar parte en forma pacífica en los asuntos políticos del país, y que a toda persona se le debe dar la oportunidad de defenderse previo a que se le pueda privar de esos derechos.

En este sentido, la resolución publicada en la Gaceta de Jurisprudencia y tesis en materia electoral del Tribunal Electoral federal establece que se debe observar la garantía de audiencia en los procedimientos de registro de partidos o agrupaciones políticas.

Así que, a la luz de estos criterios, una vez verificada la documentación presentada, las autoridades electorales deben prevenir o dar vista a los solicitantes con las inconsistencias o irregularidades formales detectadas.

Lo anterior, apuntó, con el fin de que tengan la oportunidad, en plazos de tiempo razonables, de subsanar o desvirtuar las respectivas observaciones hechas por la autoridad encargada de dar seguimiento al trámite de registro.

La jurisprudencia emitida por la Sala Superior es de observancia obligatoria y tiene su origen en tres sentencias emitidas por el órgano jurisdiccional respecto de juicios para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano.

En ellos se denunció la supuesta falta de oportunidades para que las asociaciones que aspiran a obtener su registro como partido político local fueran escuchadas para solventar las presuntas deficiencias que les fueron señaladas.