Aprueban diputados jaliscienses reformas a ordenamientos

La Comisión de Puntos Constitucionales, Estudios Legislativos y Reglamentos del Congreso del estado aprobó reformas y adiciones a diversos ordenamientos, para establecer el delito de desaparición forzada de personas.

Además, votaron por desconocer el registro o impedir que asuman cargos los candidatos que rebasen el tope de gastos de campaña, y la nueva legislación que crea el organismo público descentralizado del Poder Ejecutivo Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado´.

El diputado Julio Nelson García Sánchez manifestó que se reserva en lo particular algunos artículos relativos a la desaparición forzada de personas y el organismo operador de los servicios de agua y drenaje.

Se sumaron los legisladores José Hernán Cortés Berumen, presidente de la Comisión y los diputados vocales Alberto Esquer Gutiérrez y Juan Carlos Márquez Rosas, por no estar de acuerdo en el consejo tarifario de ese organismo, ya que es facultad de los municipios fijar las cuotas por este servicio.

El diputado Alberto Esquer Gutiérrez dijo que se viola la autonomía constitucional que tienen los municipios, para fijar las cuotas por dichos servicios.

Expresó que estas observaciones y reservas se harán directo en el Pleno del Congreso local, cuando se discutan y voten los dictámenes de decreto correspondientes.

El legislador Márquez Rosas señaló que se observa "urgencia y confusión, debido a que se presentan imprecisiones y hasta errores ortográficos".

El diputado Cortés Berumen indicó que se suma a los argumentos planteados e hizo alusión a los artículos que se reserva, porque considera que el dictamen todavía debe ser analizando.

Por lo que se refiere a adicionar en el Código Penal el capítulo de Desaparición Forzada de Personas y la reforma sobre Delitos Cometidos por Servidores Públicos a iniciativa de los diputados Jaime Prieto Pérez, Clemente Castañeda Hoeflich y Juan Carlos Márquez, se trata de crear dicho delito.

Jaime Prieto Pérez comentó que es un ilícito que lo mismo puede cometer un particular o algún funcionario público, "que lo ordena o hace directo, con características diferentes al secuestro que tiene fines distintos, ya que éste suele ser para obtener algún beneficio económico si se paga por el rescate de la víctima".

Detalló que la iniciativa está soportada en una resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, "por lo que Jalisco da un paso importante en esta materia al legislar sobre una sentencia contra nuestro país por la desaparición de personas, debido a movimientos sociales que se registraron en el pasado".

Detalló que la penalidad es de 10 a 40 años de prisión para funcionarios y particulares, y se considera delito grave.

Por lo que se refiere al dictamen que modifica el Código Electoral y de Participación Ciudadana del Estado, subrayó que se trata de anular la elección del candidato que rebase el tope de los gastos de campaña autorizados, gane o pierda, y acortar el tiempo para dictaminarlos a sólo 30 días.