Proponen crear fiscalía europea para investigar fraudes contra UE

La Comisión Europea (CE) quiere dotar a la Unión Europea (UE) de una fiscalía con competencia específica para investigar, perseguir y llevar ante la justicia los delitos que afecten al presupuesto comunitario.

Con ello, Bruselas pretende llenar un vacío legal en materia de lucha contra el fraude fiscal:

Por un lado las competencias de los sistemas criminales nacionales se limitan a sus fronteras y, por otro, los organismos europeos ya existentes no tiene competencia para realizar investigaciones criminales.

El Ejecutivo europeo estima que la UE pierde cada año 500 millones de euros (658 millones de dólares) en gastos e ingresos debido a fraudes.

"Los criminales que explotan vacíos legales para expoliar el dinero de los contribuyentes no deben quedar impunes gracias a que no disponemos de las herramientas adecuadas para llevarlos ante la Justicia", sostuvo en rueda de prensa la comisaria europea de Justicia, Viviane Reding.

La alta funcionaria llamó a los gobiernos europeos y al Parlamento Europeo (PE) a respaldar la iniciativa, con el objetivo de que la nueva fiscalía asuma sus funciones el 1 de enero de 2015.

La propuesta estaba prevista en el Tratado de Lisboa, que rige el funcionamiento de la mancomunidad, pero debe ser aprobada por los 28 por unanimidad para entrar en vigor.

De no lograrse la unanimidad, los países interesados en llevar adelante la idea - como mínimo nueve- podrán hacerlo a través de una "cooperación reforzada".

El Tratado de Lisboa también determina que Dinamarca, Reino Unido e Irlanda no participarán de la iniciativa, aunque los dos últimos sí podrán optar por hacerlo.

"Con esa propuesta la CE está cumpliendo su promesa de aplicar la tolerancia cero en casos de fraude contra el presupuesto europeo. Cuando se trata del dinero de los contribuyentes, cada euro cuenta, aún más en el actual clima económico", señaló Reding.

La Fiscalía Pública Europea sería un organismo independiente y descentralizado, integrado en los sistemas nacionales de Justicia, aunque financiado con el presupuesto comunitario y apoyado en la experiencia de la Oficina Antifraude Europea (OLAF).

Las investigaciones y juicios lanzados por los fiscales europeos delegados ocurrirían en los países donde se sitúan cada uno, empleando personal local y aplicando la legislación nacional.

Esa labor estaría coordinada por un colegio de diez miembros, compuesto por el Fiscal Público Europeo, cuatro fiscales adjuntos y cinco fiscales delegados, con el objetivo de garantizar una acción uniforme en toda la UE.

"La estructura entera se basa en los recursos existentes y, por lo tanto, no debería entrañar grandes gastos adicionales", resalta Bruselas en su intento de lograr el apoyo de los 28 Estados miembros.

Por su parte, la OLAF mantendría sus funciones antifraude en las áreas no cubiertas por el nuevo organismo.

En paralelo, Bruselas propone también reforzar la agencia europea de cooperación judicial en materia penal, Eurojust.