Aprueban multas por prácticas ilícitas de reproducción asistida

La Comisión de Salud de la Cámara de Diputados aprobó severas sanciones y multas a quienes comentan prácticas ilícitas de reproducción asistida, que irán de seis y hasta 17 años de prisión.

Los integrantes de esta instancia legislativa avalaron el dictamen de reformas y adiciones a la Ley General de Salud, a fin de regular el control sanitario de la aplicación de técnicas de reproducción humana asistida.

De esta manera se contempla también aplicar multas equivalentes de ocho mil a 17 mil días de salario mínimo a quien ilícitamente lleve a cabo técnicas de este tipo.

Se describió que entre las prácticas ilícitas se considera que se obtenga, conserve, utilice, prepare o suministre órganos, tejidos y otros componentes de embriones fertilizados.

En caso de que intervengan profesionales, técnicos o auxiliares de las disciplinas para la salud se les aplicará, además, suspensión de cuatro a seis años en el ejercicio profesional, técnico o auxiliar, y hasta seis años más, en caso de reincidencia.

El presidente de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados, Isaías Cortés Berumen, indicó que las técnicas de reproducción humana asistida se llevan a cabo desde hace años.

Sin embargo, dijo, aunque la Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) ejerce su función de regulación, no existe un marco jurídico que rija dichas técnicas; por ello, es necesaria su inclusión en la Ley General de Salud.

Señaló que quienes sean sujetos a esas prácticas de reproducción deben ser personas con incapacidad fértil demostrada; el dictamen señala los criterios para los usuarios, sus extensiones y limitantes.

Además, los establecimientos donde se realicen estas técnicas deberán tener licencia sanitaria. Actualmente, aseguró, todas las clínicas que dan estos servicios no la tienen porque no están regulados.

Al respecto, la diputada Raquel Jiménez Cerrillo, del Partido Acción Nacional (PAN), señaló que México reporta 15 por ciento de hombres y mujeres con problemas de fertilidad en edad reproductiva entre 18 y 44 años.

Comentó que al ser la infertilidad un problema en el país y en el mundo, es necesario abordarlo, ya que no existe una regulación en esta materia, a pesar de que la Constitución reconoce el derecho a la protección de la salud en sus artículos cuarto y tercero.

Al someter a la pareja a estos procesos de reproducción asistida se atenta contra su economía, ya que el costo por cada intento suele ir desde 100 mil hasta 300 mil pesos, y se calcula que más de la mitad de las clínicas que la realizan operan sin registro, resaltó.

La iniciativa establece la protección a los usuarios, a terceros y al embrión, ya que actualmente se desconoce qué se hace con los embriones fertilizados, qué tipo de control se tiene, si existe tráfico o venta de estos, por lo que la propuesta establece un número mínimo y máximo de fertilizaciones como medida de protección, enfatizó.