Piden anular orden de no dar licencias a indocumentados en Arizona

Defensores de los inmigrantes solicitaron a una corte de apelaciones detener la orden de la gobernadora de Arizona de no emitir licencias de conducir a jóvenes indocumentados que tengan permisos de trabajo bajo el programa de acción diferida.

En una apelación ante la Corte Federal de Apelaciones del Noveno Circuito en San Francisco, California, la Unión de Libertades Civiles de América (ACLU) y el Fondo para la Defensa Legal y la Educación del México Americano (Maldef), argumentan que la orden de Jan Brewer es inconstitucional, porque está superada por la ley federal.

En la apelación, las organizaciones pidieron ayer a la Corte anular la decisión emitida en mayo pasado por un juez federal en Phoenix, en la que se les niega su petición de abolir la medida dictada por la gobernadora Brewer.

El juez federal David Campbell rechazó el argumento de que la orden de la gobernadora era inconstitucional.

Cambell reconoció, sin embargo, que los defensores de derechos de los inmigrantes probablemente tengan éxito en el argumento de que el Estado deja sin licencia de conducir a algunos inmigrantes con permiso de trabajo, pero dijo que ese beneficio no se extiende a los protegidos bajo el programa del presidente Barack Obama.

El programa de acción diferida, emitido bajo orden ejecutiva el año pasado, permite a algunos jóvenes inmigrantes indocumentados que llegaron a este país siendo niños, poder vivir y trabajar en Estados Unidos por un período renovable de dos años.

Para recibir el beneficio del programa, los jóvenes deben haber llegado a Estados Unidos antes de haber cumplido los 16 años, ser menor de 30 años, y haber permanecido en el país durante al menos cinco años continuos, estar inscritos en una escuela o haberse graduado de la preparatoria.

Bajo las leyes de Arizona, cualquier persona con estatus migratorio legal puede obtener una licencia de conducir.

Sin embargo, las autoridades estatales han dicho que no se debe extender licencias de conducir a los jóvenes indocumentados beneficiados por el programa de acción diferida, dado que no se cree que éstos podrán luego permanecer en el país legalmente.

Los abogados de Brewer han argumentado que la política de Obama no es la ley federal y que el Estado tiene la facultad de distinguir entre los inmigrantes con permiso de trabajo que están en el camino hacia la residencia permanente, y los beneficiarios de la política del presidente.

Los abogados del Estado sostienen que Arizona no viola la ley al negarles licencias de conducir a los jóvenes inmigrantes beneficiados por el programa, ya que éstos no han recibido protección legal por parte del Congreso.

La demanda original para revertir la orden de la gobernadora Brewer fue presentada en noviembre pasado a nombre de cinco inmigrantes jóvenes que fueron traídos a Estados Unidos desde México cuando eran niños.

Los cinco jóvenes indocumentados recibieron el beneficio del programa de acción diferida de la administración Obama, pero se les negó la licencia de conducir de Arizona.