Inicia Senado proceso sobre dictamen de fuero militar

La Comisión de Justicia del Senado presentó el proyecto de dictamen de la reforma en materia de justicia militar para acotar el fuero castrense.

Esta medida tiene el objetivo de que sean los tribunales ordinarios los que lleven los procesos penales contra miembros de las Fuerzas Armadas que cometan actos ilícitos en agravio de civiles.

En la reunión se acordó llevar a cabo tres audiencias públicas a partir de la segunda quincena de agosto, a fin de analizar la propuesta con juristas, especialistas, académicos, integrantes de las Fuerzas Armadas y organizaciones no gubernamentales.

El presidente de la comisión, el panista Roberto Gil Zuarth, señaló que de esta manera se inicia formalmente el proceso de dictaminación de uno de los pendientes que tiene México sobre justicia militar y derechos humanos.

A su vez, la priista Arely Gómez González precisó que se trata de una propuesta integral acorde con los estándares internacionales y con lo resuelto por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Gómez González detalló que se dictaminan ocho iniciativas que incorporan temas como los alcances del fuero militar, y se plantea que los delitos que cometan militares contra civiles serán sancionados por la justicia civil.

"El fuero militar no debe equipararse a la impunidad, ni ser un privilegio o una protección para los militares que comenten delitos en perjuicio de civiles", por lo que los jueces militares deben conocer únicamente de los delitos que atentan contra la disciplina castrense, aseveró.

Además, el delito de desaparición forzada previsto en el Código Penal Federal se armoniza con los estándares internacionales, se le da carácter de continuo e imprescriptible, subrayó.

La legisladora del Partido Revolucionario Institucional (PRI) precisó que, de igual manera, se excluye el cumplimiento de un deber por orden o instrucción de un superior como causa de justificación de ese delito y se incorporan agravantes para aumentar la pena.

Los legisladores también aprobaron pedir a la Procuraduría General de la República (PGR) que inicie una indagatoria sobre la actuación de los servidores públicos que intervinieron en el caso de la francesa Florence Cassez, para deslindar responsabilidades y, en su caso, ejercer acciones legales.

También que se analice si es jurídicamente viable promover, por la PGR, las acciones necesarias para asegurar, por la vía legal idónea, la reparación integral a las víctimas de los delitos.

El dictamen precisó que es indispensable que esta soberanía llame la atención sobre la necesidad de que las autoridades competentes brinden la atención debida y necesaria a las víctimas de los delitos por los que Cassez y otras personas fueron detenidas.

De igual manera, la Comisión de Justicia solicitó a la PGR que en un plazo de 15 días naturales envíe un reporte de las investigaciones, análisis y procedimientos llevados a cabo en el caso de Elba Esther Gordillo Morales, e informe el estado actual del proceso penal correspondiente.