La senadora por el Partido Acción Nacional (PAN), Martha Elena García Gómez exhortó a los legisladores a avanzar en la armonización de las leyes federales y estatales con la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.

Con ello se garantizará la aplicación efectiva de dicha ley, que tiene como objetivo salvaguardar las garantías de los infantes y adolescentes del país, explicó la presidenta de la Comisión de los Derechos de la Niñez y de la Adolescencia.

"Se debe dejar de visualizar a la niñez como beneficiaria de servicios y protección por parte del Estado para ser concebida como sujeta de derechos, lo cual supone una transformación en la mirada que tenemos hacia este sector", afirmó.

En reunión de trabajo de la Comisión con diputados federales y funcionarios de la Secretaría de Gobernación, García Gómez indicó que se ubicaron 20 ordenamientos jurídicos, entre leyes y códigos, que deberán ser modificados.

Detalló que lo anterior es de acuerdo con las recomendaciones hechas por el Comité de los Derechos del Niño de la Organización de Naciones Unidas (ONU), y a las disposiciones contempladas en la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.

En ese sentido, destacó las modificaciones a la Ley General de Educación, las cuales deberán considerar temas como el acoso escolar e inclusión para personas con discapacidad.

Así como a la Ley General de Salud con reformas relativas al embarazo en adolescentes, adicciones y salud sexual y reproductiva, además de la Ley General de Desarrollo Social, a fin de que los niños sean considerados titulares de los programas sociales, con el objeto de erradicar la pobreza extrema que afecta a ese sector.

La legisladora panista informó que para lograr un avance rápido en la materia se creará una mesa de trabajo en la que participarán senadores, diputados y representantes del gobierno federal.

Anunció también que con el objetivo de afianzar el sistema jurídico de protección de derechos de niños, niñas y adolescentes, presentará una iniciativa para expedir el Código Nacional de Justicia Penal para Adolescentes, el cual homologará los procedimientos aplicables por todas las autoridades del país, en cuanto a justicia para los jóvenes.