Revisar modelo de comunicación política permitirá sanciones eficaces

El magistrado presidente de la Sala Superior del TEPJF, Constancio Carrasco Daza, dijo que a través de la revisión del modelo de comunicación política se tiene la oportunidad de considerar sanciones más eficaces, como la pérdida o cancelación temporal de registro de un partido.

"Tenemos que reflexionar si en este catálogo de sanciones pudiéramos considerar la pérdida o cancelación temporal del registro de los partidos, de frente a los procesos electorales en los que violentaron los principios rectores de la materia, o bien, en subsecuentes, esto cuando se incurra en violaciones graves o reiteradas", expresó.

Al participar en el Observatorio Judicial Electoral sobre el Modelo de Comunicación Política, Perspectivas y Retos del Procedimiento Sancionador Electoral y la Libertad de Expresión en Materia Política, recordó que toda sanción debe ser ejemplar o disuasiva con el propósito básico que se inhiba a los infractores no cometer conductas que violen la ley.

En este marco, se pronunció a favor de privilegiar otras medidas sancionatorias diversas a aquellas que representan una punición económica, se informó en un comunicado del Tribunal Electoral de Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

Al dictar la conferencia magistral "Hacia una ley nacional procesal electoral", el magistrado presidente llamó a reflexionar "para encontrar en el régimen de punición en la materia electoral un andamiaje que no privilegiara necesariamente la sanción económica".

Se trata, anotó, de encontrar una medida realmente inhibitoria, "dado que la sanción meramente económica se vuelve frágil e ineficaz, en tanto que, la opinión pública concibe que la multa se paga con recursos públicos que finalmente son aportados por la sociedad".

Indicó que conforme a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (Legipe), las sanciones inician con la amonestación pública, una multa según la gravedad y la reducción de hasta 50 por ciento de la administración de financiamiento público que corresponda a partidos políticos y candidatos.

Además, la interrupción de la transmisión de la propaganda política electoral hasta la cancelación del registro de los partidos.

Por otra parte, propuso regular el ingreso y permanencia de los integrantes de la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral (UTCE) para garantizar la independencia e imparcialidad en sus labores.

En su opinión una perspectiva legal idónea tendría que enfocarse en erigir un modelo que desarrollara una tutela amplia de derechos humanos en materia electoral, en razón que la reforma de febrero de 2014 puso énfasis en una redefinición estructural y de nombramiento de las autoridades electorales.