Niega guerrilla colombiana participación en incidentes en Catatumbo

Las rebeldes Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) negaron hoy aquí haber infiltrado a los campesinos de la región de Catatumbo para causar desordenes sociales.

En un comunicado, los insurgentes arremetieron contra el ministro colombiano del Interior, Fernando Carrillo, a quien exigieron no "criminalizar y responder con balas a la protesta social".

Carrillo sugirió que las protestas campesinas en el noreste del país sudamericano, en las que han muerto al menos cuatro personas, están infiltradas por la guerrilla.

Los campesinos reclaman que se suspenda la erradicación de cultivos de coca y que la región sea declarada una reserva campesina.

El mensaje a Carrillo, leído por Jesús Santrich, uno de los negociadores de las FARC, dijo que "para justificar la represión", el titular "no puede acusar a los labriegos del Catatumbo y sus voceros de estar infiltrados o pertenecer a las FARC".

En Bogotá, el cardenal colombiano Rubén Salazar afirmó que las manifestaciones en Catatumbo, que completan 28 días, son legítimas pero opinó que las FARC tendrían en ellas un interés político.

El grupo armado irregular, que sostiene negociaciones de paz con el gobierno de Juan Manuel Santos desde noviembre pasado, describió a los pobladores de Catatumbo como "gente humilde" que clama "pacíficamente por sus derechos conculcados".

"En el Catatumbo, los actores armados ilegales apuestan por incidir en el proceso de La Habana, y eso no lo vamos a permitir", dijo el ministro del Interior colombiano al diario El Tiempo.

Por otra parte, las FARC abogaron por una reforma al sistema político y de representación, a la administración de justicia y al poder electoral en Colombia.

Los guerrilleros han presentado en esta capital 11 propuestas mínimas para la reestructuración democrática del Estado y la reforma política.

Santrich dijo que la reforma política comprenderá el sistema político y de representación, el sistema de partidos y el sistema electoral.

Por otro lado, propusieron promover, con la más amplia participación popular, una reforma democrática a la administración de justicia para evitar la "injerencia de los poderes ejecutivo y legislativo".