Rechazan politización en nombramiento de fiscal general en Honduras

A pocos meses de las elecciones generales de noviembre próximo en Honduras, se han alzado advertencias para que no se politice el nombramiento del nuevo fiscal general del Estado.

El anterior fiscal general, Luis Alberto Rubi, del opositor Partido Liberal, renunció al cargo en junio pasado por presiones del Congreso Nacional, que hasta abril estaba presidido por el ahora candidato presidencial del oficialista Partido Nacional, Juan Orlando Hernández.

Rubi fue electo como fiscal en el gobierno anterior cuando era presidente del Congreso Roberto Micheletti (liberal), quien asumió la jefatura del Estado tras el golpe que destituyó del poder al mandatario Manuel Zelaya, el 28 de junio de 2009.

Además de Rubi, renunció a su puesto el fiscal adjunto, Roy Urtecho, lo cual ha creado un impasse en el Ministerio Público.

Se debate ahora si el actual parlamento debe nombrar a un fiscal general por los meses que le faltaban a Rubi, quien debía desempeñarse en esa función hasta marzo de 2014.

Otras voces opinan que la responsabilidad en este asunto recaiga en el nuevo Congreso, a instalarse el 25 de enero próximo, y que además de los diputados liberales y nacionalistas contaría con legisladores del nuevo movimiento Libertad y Refundación (Libre), que coordina el derrocado presidente Manuel Zelaya.

Edmundo Orellana, quien fuera ministro de Defensa durante el gobierno de Zelaya, advirtió que el problema no está en el Ministerio Público, sino en el Congreso Nacional, que suele nombrar fiscales de acuerdo con los intereses de los partidos tradicionales Nacional y Liberal.

Actualmente, dijo, se corre el peligro que el Nacional, que tiene mayoría de votos en el Legislativo, nombre al fiscal general por un periodo de cinco años, o bien por el periodo que le faltó por concluir a Rubi.

Además, se nombró una comisión interventora, en tanto se asegura que no se designará ningún fiscal general mientras no se apruebe una nueva ley del Ministerio Público, en la que participe la sociedad civil.

El director del Centro de Investigación y Promoción de los Derechos Humanos (Ciprodeh), Wilfredo Méndez, advirtió que sería nefasto nombrar de inmediato a un nuevo fiscal, porque solo serviría para fortalecer al Partido Nacional.

La Alianza por la Paz y la Justicia, que aglutina a unas 60 organizaciones de la sociedad civil, aceptó formar parte de las mesas de trabajo para redactar una nueva ley del Ministerio Público, que tenga transparencia para elegir a las nuevas autoridades de ese ente estatal.