Conciliar transparencia y autonomía sindical, retos de legislación

La Ley Federal de Transparencia que se discute en el Congreso, tiene como reto conciliar y garantizar al mismo tiempo los derechos de información a la ciudadanía y de autonomía de los sindicatos, para aterrizar la ley general en la materia promulgada este año, coincidieron expertos.

Durante el tercer día de la Semana Nacional de la Transparencia, en la mesa sobre sindicatos, la comisionada del Inai, Patricia Cursain Villalobos recordó que la ley actual no especifica si los sindicatos son sujetos obligados directos o indirectos.

En ese sentido, se pronunció por que las normas federales los clasifiquen como sujetos obligados directos para que en todo momento, estas organizaciones sean responsables de la publicación y actualización de su información que deberá aparecer en sus portales de Internet.

Señaló que el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos (Inai) emitirá resoluciones que establezcan con precisión, qué información está obligado a presentar un sindicato.

Las cuotas sindicales no son recursos públicos, por lo que el Inai no está facultado para obligarlos a mostrarlas y serán cuidadosos en ese tema y consideró que los sindicatos no pueden tener las mismas obligaciones de los organismos autónomos o fideicomisos.

Sin embargo, entre la información que puede ser conocida por toda la población se encuentran los contratos colectivos, el uso, destino y justificación de los recursos públicos que reciban, así como las actas y resoluciones de sus comités de transparencia y donaciones con recursos públicos que reciban o hagan a terceros.

La comisionada también expresó sus dudas respecto a si los sindicatos deberán compartir el padrón de sindicalizados; este punto inquieta, subrayó, porque existe la discriminación laboral hacia los trabajadores agremiados.

A su vez, Carlos Reynoso Castillo, abogado de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), señaló que las ideas de autonomía sindical y transparencia parecen contrarias por eso la legislación será un reto.

Recordó que la transparencia en ese rubro puede dividirse en tres: transparencia administrativa, es decir, la información que instituciones como la Secretaría del Trabajo y las juntas de conciliación sobre los sindicatos están obligadas a entregar.

Además de la gremial, es decir, la información interna que los sindicalizados deben conocer; y la trasparencia social, que se refiere a la información sobre recursos públicos que el sindicato está obligado a transparentar.

A su vez, Alfredo Sánchez Castañeda, defensor de Derechos Universitarios en la UNAM, recordó que la obligación de los sindicatos de transparentar los recursos públicos que reciben estaba plasmada en las leyes federales de servidores públicos y de responsabilidades administrativas pero con poca claridad.

Posteriormente esas obligaciones se establecieron en la Ley Federal del Trabajo de 2012 y se han fortalecido con muchas resoluciones del Inai, antes Ifai.

Por su parte, la presidenta de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Distrito Federal, Margarita Rojas Olvera, llamó a combatir los contratos de protección.

Señaló que en el Distrito Federal se tienen registrados 50 mil contratos colectivos y anualmente se reciben entre tres mil y cinco mil, la mayoría de ellos, 70 por ciento pertenecen a empresas pequeñas de cuatro a 20 trabajadores, aproximadamente.