Comienza en Argentina tenso debate por inédita reforma judicial

La Cámara de Diputados de Argentina comenzó hoy, en medio de masivas protestas callejeras, una histórica sesión en la que votará la reforma judicial propuesta por la presidenta Cristina Fernández de Kirchner.

Pese a los intentos de boicot por parte de la oposición, la bancada oficialista logró el quórum necesario para abrir un debate que será maratónico y culminará en la madrugada, ya que decenas de legisladores argumentarán sus posiciones a favor o en contra.

La iniciativa es inédita, ya que implica una profunda reforma del Poder Judicial que arrastra una estructura heredada de la última dictadura militar (1976-1983).

Fernández de Kirchner presentó hace tres semanas un paquete de seis iniciativas bajo el eslogan de "democratización de la justicia", pero la oposición lo rebautizó como "avance contra la justicia" y denunció que los cambios eran inconstitucionales.

Pese a que la oposición denunció que el gobierno no permitiría el debate ni cambio alguno, las iniciativas llegaron al plenario con diversas modificaciones propuestas por organismos de derechos humanos y el propio Poder Judicial.

La Corte Suprema logró la víspera un cambio fundamental, ya que el gobierno había propuesto retirarle al máximo órgano de justicia el control del presupuesto judicial, pero finalmente los recursos quedarán en sus manos, como ahora.

Además, los jueces podrán seguir designando a sus colaboradores más cercanos y no someterlos a concursos, como proponía la reforma original de Fernández de Kirchner.

Los cambios le valieron al presidente de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti, acusaciones por parte de líderes opositores de acuerdos espurios con la mandataria.

En la sesión que comenzó este miércoles, los diputados sólo votarán las propuestas sobre las medidas cautelares, que son una especie de amparo, y la creación de tres nuevas Cámaras de Casación, que son tribunales previos al máximo órgano de justicia, la Corte Suprema.

Si se aprueba todo el paquete de leyes, los jueces tendrán que publicar sus declaraciones patrimoniales y sus fallos, además de que se reformará el Consejo de la Magistratura, el órgano que propone y supervisa el desempeño de los jueces.

De esta manera, por primera vez en la historia, los miembros de este Consejo serán elegidos por el voto popular y no por designación administrativa, razón por la cual los opositores insisten en denunciar el intento del gobierno de "partidizar" la justicia.

Mientras en el recinto iniciaba la sesión, afuera del Congreso militantes opositores y sindicatos repudiaban la reforma por considerar que el oficialismo "avasallará" a la justicia.