Urge senadora a trabajar en ley que castigue la desaparición forzada

El Congreso de la Unión está obligado a iniciar el proceso legislativo para elaborar una ley que castigue la desaparición forzada, señaló la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Senado de la República, Angélica de la Peña Gómez.

En un comunicado, la legisladora perredista detalló que lo anterior obedece a que en la pasada LXII Legislatura federal se aprobó la reforma al Artículo 73 constitucional.

"El Congreso de la Unión está obligado a iniciar el proceso legislativo correspondiente, por lo que es momento de elaborar una ley general que armonice el tipo penal de desaparición forzada con lo establecido en los instrumentos internacionales", dijo.

Que además defina claramente el delito de desaparición entre particulares, así como la inclusión de ambos en los códigos penales de todas las entidades federativas, agregó.

En el marco del Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, declarado por las Naciones Unidas el 30 de agosto, afirmó que la discusión del proyecto de una ley general contra ese flagelo comenzará cuando el Ejecutivo federal envíe su propuesta y la Comisión de Justicia en el Senado emita la respectiva convocatoria.

Aseguró que la legislación que apruebe el Senado responderá plenamente a las demandas de verdad, justicia y reparación, lo cual habrá de resultar de un proceso de consulta y participación de los familiares de las víctimas y de la sociedad civil organizada.

"La Comisión de Derechos Humanos ha comenzado a realizar audiencias públicas para conocer sus preocupaciones y propuestas", informó la legisladora perredista.

Detalló que esta legislación habrá de establecer, entre otros aspectos, la coordinación entre las autoridades responsables de la seguridad pública en los tres órdenes de gobierno para prevenir e investigar adecuadamente la desaparición de personas.

También un programa nacional de búsqueda que cuente con un protocolo de acción inmediata y garantizar el derecho a la reparación integral a las víctimas.

Se privilegiará la presunción de vida en la elaboración de los protocolos de búsqueda de personas desaparecidas y se incluirá la figura de declaración de ausencia por desaparición a fin de garantizar la continuidad de la personalidad jurídica de la persona desaparecida con validez en todo el territorio nacional, de tal manera que las familias de las víctimas gocen de todas las garantías.

Puntualizó que el Estado mexicano está obligado, por la Constitución y por instrumentos internacionales suscritos, a diseñar e implementar acciones específicas para resolver desde un enfoque integral la tragedia de la desaparición de personas.

El primer paso es contar con una legislación que coadyuve a la localización de todas las personas cuyo paradero se desconoce y así proporcionar certidumbre a sus familias, de ese tamaño es el reto y nuestro compromiso.

Finalmente, indicó que con base en el Registro Nacional de Personas Desaparecidas o Extraviadas, cada día se reporta la desaparición de 11 personas, y las cifras oficiales registran casi 26 mil personas cuyo paradero se desconoce.