Proponen reformas para garantizar derechos de víctimas de bullying

El senador Mario Delgado propuso ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión reformar las leyes general de Educación y de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes en materia de responsabilidad patrimonial del Estado en casos de bullying.

El legislador recordó que el 15 de mayo la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) otorgó la protección constitucional a un menor víctima de acoso escolar.

También ordenó al juez que conoció el asunto emitir una sentencia para que la institución educativa en la que el alumno sufrió acoso escolar o bullying pagara los daños que le fueron ocasionados.

Delgado Carrillo planteó que ante ello "los senadores debemos asumir nuestra responsabilidad y armonizar los criterios que determinó la Suprema Corte" para proteger los derechos de los niños.

Subrayó que "es momento de cumplir con nuestra responsabilidad de crear un marco jurídico efectivo para la protección de los derechos e intereses de los menores en edad escolar".

En la iniciativa que presentó Mario Delgado con las senadoras Mariana Gómez del Campo, del PAN, y María Lucero Saldaña Pérez, del PRI, se propone reformar el referido marco legal en materia de responsabilidad patrimonial del Estado en casos de acoso escolar.

Se plantea que tratándose de bullying o acoso escolar, por ser un servicio público, y ante la negligencia de las autoridades educativas se deberá atribuir la responsabilidad directamente al Estado, incluso cuando se trate de escuelas particulares.

La razón es que en todo momento el menor tiene derecho a un servicio de calidad, con estándares que le aseguren contar con ambientes libres de violencia, y si ésta no se garantiza por negligencia, tiene derecho a una indemnización no importando si es escuela pública o privada, detalló.

La sentencia de la SCJN define al acoso escolar como todo acto u omisión que de manera reiterada agreda física, psicoemocional, verbal, patrimonial o sexualmente a una niña, niño o adolescente.

Por otro lado reconoce que bajo el principio de interés superior del menor es obligación del Estado mexicano, inclusive del Poder Legislativo, garantizar con más intensidad la protección de los derechos de las niñas, niños y adolescentes.

A decir de Delgado Carrillo se trata de una medida de vanguardia y novedosa que, sin duda, ayudará a que se mejore la educación, manteniendo altos estándares de servicio.

De esa manera se evitaría caer en actitudes administrativas irregulares que son las que motivan la responsabilidad patrimonial del Estado, como sucede con la salud, cuando se presenta negligencia médica en el IMSS o el ISSSTE.

Además representa una medida de reparación con perspectiva de derechos humanos a favor de la niñez y con el deslinde de responsabilidades se acabaría con la doble victimización a la que se sujeta a los niños y niñas víctimas de acoso escolar.