Juez ordena representación legal a inmigrantes discapacitados en EUA

Inmigrantes con discapacidad mental que fueron detenidos deberán tener una representación legal cuando enfrenten juicios por deportación, resolvió hoy un juez federal.

El Tribunal para el Distrito Central de California emitió una orden a favor de demandantes representados por la Unión Estadunidense de Derechos Civiles (ACLU por sus siglas en inglés).

La orden del juez federal fue dirigida a la Oficina de Inmigración y Aduanas, al Fiscal General, y la Oficina Ejecutiva de Revisión de Inmigración.

A todos les requirió dar representación legal a inmigrantes detenidos con discapacidad mental que se enfrenten a la deportación y que son incapaces de representarse adecuadamente a sí mismos en audiencias de inmigración.

La sentencia en la demanda de acción de clase es la primera de su tipo para los inmigrantes detenidos, que a menudo languidecen en las cárceles durante años sin representación legal.

El Tribunal de Distrito de Estados Unidos emitió sentencia a favor de los demandantes en el caso, Franco-González vs Holder, que se aplica a ciertos detenidos en Arizona, California y Washington.

La decisión se registra más de tres años después de que se presentó una demanda por el inmigrante mexicano José Antonio Franco González.

Franco González, quien sufre de discapacidad cognitiva, fue detenido en instalaciones federales de inmigración durante casi cinco años sin una audiencia o un abogado.

En 2010, los demandantes solicitaron para ampliar el alcance del desafío de procedimientos inadecuados del gobierno mediante la conversión de la demanda en una acción de clase (demanda colectiva).

En el fallo del tribunal, el juez Dolly M. Gee determinó que para esta clase, el abogado designado "es el único medio por el cual puedan" defenderse.

A su vez, el Tribunal criticó al gobierno por no tener garantías para proteger a esta población más vulnerable.

En consecuencia, la Corte ordenó que los detenidos con discapacidad mental grave cuenten con representantes calificados a expensas del gobierno y una audiencia de fianza para evitar una detención prolongada.

"La decisión de hoy garantiza que los inmigrantes detenidos con discapacidad mental, finalmente, obtengan la representación legal que necesitan", dijo Ahilan Arulanantham.

Arulanantham es abogado de la ACLU del Sur de California y el Proyecto de Derechos de los Inmigrantes de la ACLU.

"A medida que nuestro país se mueve para aplicar una reforma migratoria de sentido común, debemos insistir en que derechos de grupos vulnerables atrapados en cárceles de inmigración están protegidos", anotó.

Franco-González, ahora de 33 años, se vio obligado a representarse a sí mismo a pesar de que un psiquiátra determinó que no tenía conocimientos básicos de los procedimientos de inmigración, y no sabía cómo defenderse.

Cerca de 34 mil inmigrantes son detenidos diariamente y estimaciones del gobierno indican que más de mil tienen discapacidad mental de algún tipo.

En el pasado, ninguna de estas personas se les garantizaba representación legal a pesar de que tendrían grandes dificultades para tratar de representarse a sí mismos en el proceso judicial.