Brasil pugnas entre Ejecutivo y Congreso crean enrarecimiento político

Dilma Rousseff -quien gobierna Brasil con el respaldo del Partido de los Trabajadores (PT) y de una coalición de formaciones políticas de diferentes tendencias e ideologías, electa en 2010 y 2014-, ha perdido influencia en el Congreso, de acuerdo con el número de iniciativas aprobadas y rechazadas en sus dos periodos presidenciales.

No solamente las Comisiones Parlamentarias Investigadoras que se confrontan en los discursos con la mandataria, sino que hay pugnas evidentes, ante leyes que ella consiguió que se aprobaran, según cifras que también incluyen análisis comparativos.

En las dos gestiones de Luiz Inácio Lula da Silva (2003-2011), el 63 por ciento de la legislación aprobada por el Congreso nacional era no sólo autoría del Poder Ejecutivo, y el 31 por ciento del Poder Legislativo, sino que otro 4 por ciento era del Poder Judicial, el Tribunal de Cuentas de la Unión y el Ministerio Público.

Los índices en la administración de Dilma Rousseff fueron desfavorables a ella y, conforme a un informe elaborado a partir de boletines del Departamento Intersindical de Asesoría Parlamentaria (DIAP), el 42 por ciento de las leyes fueron producidas por el propio gobierno y el 47 por ciento por diputados y senadores.

"Desde 1988, ese índice es de los más bajos obtenidos por un titular del Poder Ejecutivo en Brasil", asegura Octavio Amorim Neto, profesor de la Escuela Brasileña de Administración Pública y de Empresas de la Fundación Getúlio Vargas.

"Hace mucho tiempo que el Congreso necesita despertar y tener un papel más activo", añade el politólogo.

Últimamente los presidentes del Senado y de la Cámara de Diputados, se han confrontado con el Poder Ejecutivo y, por ejemplo, el senador Renan Calheiros del Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB) por el estado nordestino de Alagoas, devolvió a la Presidencia una de las medidas provisionales del paquete fiscal, creando así una crisis en el Senado.

Calheiros creyó que la legislación no era urgente y que podría seguir el trámite legal, sin la premura de una medida transitoria, en tanto Eduardo Cunha, del PMDB por Río de Janeiro y presidente de la Cámara de Diputados, enfatizó en varias ocasiones que ésta necesita ser respetada por el Ejecutivo.

Cunha reclamó la postura que asumió Cid Gómes, quien renunció al cargo de Ministro de Educación el 18 de marzo último, luego de afirmar en una conferencia en la Universidad de Pará que había 300 o 400 legisladores enemigos del Poder Ejecutivo.

"No voy a admitir que se crea el representante de éste y nos agreda en nuestra propia casa, luego vuelva y reafirme esas ofensas", dijo Cunha el mismo día en que se anunciaba la renuncia de Gómes, reunido horas antes de su dimisión con la presidenta Dilma Rousseff.

Como presidente de la Cámara de Diputados, Cunha acostumbra criticar la pauta de proyectos presentados por el gobierno: "Ésta nunca fue tan horrible como ahora", dijo el legislador en una entrevista con TV Cultura de Brasilia.

Uno de los puntos que pesan a la hora de votar los proyectos es el llamado "momento político", y se pone como ejemplo que, en el boletín que analiza lo ocurrido en 2012 -cuando 153 proyectos fueron aprobados-, el director de documentación de la DIAP, Antonio Augusto de Queiroz, hizo varias denuncias.

Escribió que, en tiempos electorales, la producción legislativa tiene una fuerte carga de lo que -ahora que están de moda los "ismos"- llamó "denuncismo", como el imperante en Brasil en ese año de comicios municipales, cuya votación se vio afectada en calidad y cantidad.

A pesar de la supuesta voluntad política que dicen tener Calheiros y Cunha, la reforma política y tributaria, el Plan Nacional de Educación, las leyes antisoborno, de conflicto de interés, de responsabilidad de las personas jurídicas y de combate al trabajo esclavo entre otras de importancia para la sociedad brasileña, no prosperan por falta de buen ambiente político entre dos poderes de la Unión.

"Debido a esa falta de concordia, es que ésos y otros serios asuntos están detenidos en el plano legislativo hasta la fecha, paralizando al país en momentos de crisis como los que éste atraviesa", reclama el politólogo Octavio Amorim Neto.