ONU acusa a presidente de Eritrea de uso generalizado de la tortura

La Comisión de Investigación de Naciones Unidas sobre la situación en Eritrea acusó al presidente Isaias Afwerki y al gobierno de ese país de consentir e incluso "alentar" el uso generalizado de la tortura, esclavitud y otras graves violaciones de derechos humanos.

Según un nuevo informe divulgado este lunes, los responsables de tales violaciones son "las Fuerzas de Defensa de Eritrea, en particular el Ejército de Eritrea; la Oficina Nacional de Seguridad; las Fuerzas de Policía de Eritrea y el Ministerio de Información".

Además, "el Ministerio de Justicia; el Ministerio de Defensa; Frente Popular para la Democracia y la Justicia (PFDJ); la Presidencia de la República; y el Presidente".

"La comisión concluye que el gobierno es responsable de la tortura generalizada infligida a los eritreos en todo el país", denunció el estudio.

"El gobierno de Eritrea es responsable de violaciones de derechos humanos sistemáticas, generalizadas y flagrantes que han creado un clima de temor en la población", refirió la investigación.

Describió el uso de la esclavitud y la tortura como medio de represión, las cuales "son de rutina", y este fenómeno es tan generalizado que la comisión afirma que la política del gobierno era "alentar y fomentar" su uso.

El informe dado a conocer en rueda de prensa en Ginebra observa que una gran proporción de la población está sometida a trabajos forzados y al encarcelamiento, por lo que cientos de miles de refugiados han huido del país.

Citando una serie de violaciones de derechos humanos en un alcance y escala pocas veces presenciado en otra parte del mundo, el informe de la Comisión de Investigación de la ONU sobre los derechos humanos en Eritrea describe un "estado totalitario" en control de los eritreos "a través de un vasto aparato de seguridad que ha penetrado todos los niveles de la sociedad".

"La información recopilada a través del sistema de control generalizado se utiliza en la arbitrariedad absoluta para mantener a la población en un estado de ansiedad permanente", dijo el documento de 500 páginas.

La publicación del reporte se presenta en un momento en que la comunidad internacional, en particular los gobiernos de Europa, norte de África y Medio Oriente, se esfuerzan por hacer frente a un creciente éxodo de refugiados, solicitantes de asilo y migrantes en todo el Mediterráneo y en otras vías irregulares.

Muchos de ellos son eritreos, solamente en 2014 al menos 357 mil 400 huyeron del país debido a estas flagrantes violaciones de sus derechos por lo que los migrantes, solicitantes de asilo y refugiados del país africano requieren "protección internacional" y no ser devueltos a su país, consideró el estudio.

La Comisión formada por expertos independientes "considera que violaciones sistemáticas, generalizadas y graves de los derechos humanos han sido y están siendo cometidos por el Gobierno de Eritrea y no hay rendición de cuentas por ellos".

"El goce de los derechos y libertades están gravemente restringida en un contexto general de una total falta de estado de derecho", subrayó.

El reporte describió los sistemas represivos utilizados por el gobierno para controlar, el silencio y el aislamiento de los individuos, incluyendo una red de vigilancia doméstica generalizada en la que los vecinos espían a los vecinos e incluso miembros de la misma familia desconfían unos de otros.

"Como resultado de esta vigilancia masiva, los eritreos viven en constante temor de que su conducta es o puede ser controlada por agentes de seguridad y que la información recopilada puede ser usada en su contra, lo que lleva a la detención arbitraria, la detención, la tortura, la desaparición o la muerte", deplora el informe.

La comisión liderada por Michael Smith (Australia), Sheila B. Keetharuth (Mauritius) y Victor Dankwa (Ghana) afirmó que las Autoridades de Eritrea ignoraron las reiteradas peticiones de la Comisión para el acceso directo al país, así como para obtener información.

Para realizar el informe, la comisión viajó a ocho países y llevó a cabo cerca de 550 entrevistas confidenciales con los testigos eritreos que habían huido de la nación situada en el llamado Cuerno de África. Además, recibió unas 160 comunicaciones escritas.

Los expertos coinciden en que la promesa inicial de la democracia y el imperio de la ley que vino con la independencia de Eritrea en 1991 se ha extinguido con las excusas del gobierno en aras de la defensa nacional.

Finalmente, la comisión también consideró que las violaciones en las áreas de las ejecuciones extrajudiciales, la tortura (incluida la tortura sexual), el servicio nacional y el trabajo forzoso pueden constituir crímenes contra la humanidad, por lo que en el futuro dependerá del Consejo de Seguridad de la ONU referir el caso a la Corte Penal Internacional.

La comisión tiene previsto presentar formalmente su informe al Consejo de Derechos Humanos de la ONU el próximo 23 de junio en Ginebra.

Además, hace hincapié en que sus hallazgos y conclusiones se refieren al terreno de derechos humanos y que por lo tanto "se podrían haber cometido otros crímenes internacionales en otras áreas".