Comparecen funcionarios de Puebla ante diputados federales

El secretario de Gobierno de Puebla, Jorge Cruz Bermúdez, afirmó que en esa entidad el dialogo es regla y se considera que la libertad y el respeto van de la mano y debe anteponerse a la solución de conflictos, siempre en el marco de la ley, pues "la ley no se pacta ni se negocia".

Al comparecer junto al titular de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Puebla (PGJEP), Víctor Antonio Carrancá Bourget, ante diputados de la Comisión de Derechos Humanos, el funcionario sostuvo que la principal tarea del gobierno es escuchar a la sociedad.

La legalidad, aseveró el funcionario federal, es indispensable para el avance de cualquier comunidad, "es la base de nuestro pacto común para ser una nación de ciudadanos libres e iguales ante la justicia".

De acuerdo con Cruz Bermúdez, en el estado de Puebla los delitos del fuero común van a la baja y resaltó que son la entidad con menos delitos federales.

"Estamos por debajo de la media nacional en delitos como robos, extorsiones y homicidios dolosos", aseguró el procurador, y consideró que México enfrenta el reto de consolidar el Estado de derecho, proteger las libertades y asegurar el cumplimiento de las obligaciones de todos los ciudadanos.

Respecto a la denominada "Ley Bala" apuntó que se tiene una legislación para proteger los derechos humanos, lo cual regula el uso legítimo de la fuerza por los elementos e instituciones policiacas.

Explicó que el origen de esa legislación proviene de convenios con Naciones Unidas y que ha sido comparada con la del Distrito Federal; además, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) fue consultada para aplicarla, y opinó que no transgredía ni era violatoria de las garantías fundamentales.

El funcionario poblano lamentó y reprobó cualquier hecho violento y aseguró que hay una averiguación previa abierta sobre el desalojo de universitarios, y aclaró que "no hubo ningún operativo implementado por las autoridades estatales en el Zócalo, además de que se investigan los hechos para llegar a una conclusión jurídica y deslindar responsabilidades".

Indicó que han comparecido los afectados y se comprometió a estar pendiente en esta investigación para que "la autoridad judicial dé cuenta de este conflicto estudiantil".

"En Puebla no existen personas perseguidas por sus ideas o por sus posturas políticas o ideológicas", aseguró el secretario de Gobierno estatal.

A su parecer, existe un marco legal para procesar a presuntos responsables del fuero común. Hay libre manifestación de ideas, pero cuando lleva a la comisión de delitos que transgreden el orden social, se procede.

Aseguró que sí hay tolerancia en el estado y los policías designados en las manifestaciones "jamás van armados en la actualidad".

En cuanto a las recomendaciones de la CNDH, aseguró que están prácticamente concluidas en su mayoría, y la única que no se ha satisfecho totalmente es la de capacitación a los elementos policiacos, ya que es progresiva.

Aclaró que en San Andrés Cholula no se edifica un parque de diversiones, sino un proyecto de mejoramiento urbano, supervisado por especialistas del Instituto Nacional de Antropología e Historia.

En su oportunidad, el procurador del estado de Puebla, Víctor Carrancá Bourget, aseguró que de forma inmediata se atendieron los hechos en San Bernandino Chalchihuapan.

Además, dijo, se han analizado todos los videos del desalojo de los universitarios en el Zócalo de la capital, y garantizó que se seguirá el proceso judicial para deslindar responsabilidades y aplicar la ley.