Confirma TEPJF criterios relacionados con paridad de género

La Sala Superior del TEPJF confirmó diversas sentencias mediante las cuales se aprobaron los criterios de paridad de género en las fórmulas de candidaturas de diputados e integrantes de los ayuntamientos de cuatro estados para el proceso electoral 2014-2015.

En el caso de Querétaro el Pleno avaló la sentencia de la Sala Regional Monterrey en la que ordenó al Instituto Electoral de dicha entidad que instrumentara lo necesario para garantizar la paridad de género en las candidaturas a las presidencias municipales, así como en la integración del congreso y los ayuntamientos.

Por otro lado, la Sala Superior Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) avaló los lineamientos para el registro de candidaturas a los distintos cargos de elección popular para el proceso electoral 2014-2015 en el Estado de México.

En este caso el Pleno determinó que, ante lo avanzado del proceso electoral en curso, no puede estimarse la inconstitucionalidad de los mismos por el solo hecho de que no se previó el alcance de la paridad en el sentido horizontal.

Lo anterior porque si bien la normativa local reconoce este principio también se debe garantizar la certeza y legalidad de los procesos electorales, así como el derecho a la auto-organización de los partidos.

En otro asunto confirmó la validez de los registros de las candidaturas a las presidencias municipales en Nuevo León, al considerar que en este caso la aplicación del criterio horizontal no puede ser jurídicamente admitido en este momento ya que debido al avance del proceso electoral atentaría contra los principios de seguridad y certeza jurídica.

Ante ello, el Pleno desestimó la pretensión de María Elena Chapa Hernández en el sentido de que se garantice a las mujeres el ejercicio al cargo en 50 por ciento de los 51 municipios que se renovarán Nuevo León.

Se reconoce la obligación constitucional y convencional de establecer las medidas necesarias para garantizar la paridad de género en la postulación de candidaturas a cualquier cargo de elección popular, como una medida para potencializar el derecho fundamental al sufragio en sus dos vertientes.

No obstante, debe realizarse siempre que jurídicamente sea posible y que las medidas que se implementen sean acordes con los sistemas y procedimientos constitucionales.

Por otra parte se confirmó el acuerdo emitido por el Instituto Estatal Electoral de Sonora mediante el cual se aprobó el criterio de aplicación de la paridad y alternancia de género en las solicitudes de registro de candidatos a diputados por el principio de mayoría relativa.

También de representación proporcional y planillas de ayuntamientos para la elección ordinaria 2014-2015.

En otro asunto, la Sala Superior confirmó la modificación del acuerdo emitido por el Consejo General del Instituto Electoral del Estado Querétaro relacionado con los criterios para garantizar la paridad de género en la postulación de fórmulas de candidaturas a diputados locales e integrantes de ayuntamientos, en dicha entidad.

El Pleno confirmó la sentencia de la Sala Regional Monterrey, en la que determinó que las coaliciones tendrán las mismas obligaciones que los partidos políticos para garantizar la equidad y procurar la paridad de género en el registro de candidaturas.

Durante su intervención en el marco de la discusión del bloque de asuntos sobre paridad, la magistrada María del Carmen Alanis Figueroa se pronunció respecto de los recursos de reconsideración 85/2015, 90/2015 y acumulado, y 97/2015, correspondientes al registro de candidaturas para los congresos y ayuntamientos de Nuevo León, Sonora y Estado de México.

La magistrada concluyó que resulta lamentable que el reconocimiento tan contundente de los alcances de la paridad contraste con la negativa de que ésta beneficie en el proceso electoral en marcha a las mujeres de Sonora, Nuevo León y Estado de México.

Agregó que lo anterior contribuye a prolongar ilegítimamente la subrepresentación histórica que han tenido las mujeres y a postergar la construcción de una democracia verdaderamente incluyente.