Congreso de Tamaulipas aprueba Sistema Nacional Anticorrupción

El Congreso de Tamaulipas votó hoy a favor dos Minutas enviadas por la Cámara de Senadores, que reforman la Constitución Política de México, en materia de combate a la corrupción y de justicia para adolescentes.

Durante la sesión de hoy, el Pleno aprobó la Minuta cuyo propósito es crear el Sistema Nacional Anticorrupción.

Durante el análisis de la acción legislativa, diputados dijeron que la propuesta constituye un rediseño legislativo para combatir las prácticas deshonestas de los servidores públicos y mejorar los estándares de desempeño gubernamental, a través de la prevención y detección y sanción de los actos corruptos.

Además, las facultades primordiales del Sistema Nacional Anticorrupción son el diseño y promoción de políticas integrales en materia de fiscalización y control de recursos públicos, de prevención, control y disuasión de faltas administrativas y hechos de corrupción, en particular sobre las causas que los generan.

Dentro de los beneficios de esta Minuta, se fortalecen las facultades de fiscalización de la Auditoria Superior de la Federación, con relación a la revisión de ejercicio de recursos en el país.

La ASF podrá realizar auditoría durante el ejercicio fiscal en curso, derivado de denuncias, a fin de investigar y sancionar oportunamente irregularidades administrativas; también podrá llevar a cabo auditoría a ejercicios fiscales anteriores, sobre posibles actos de corrupción.

La Sexagésima Segunda Legislatura de Tamaulipas, aprobó otra Minuta que reforma la Constitución Política Mexicana, en materia de justicia para adolescentes.

A través de ésta se abandona de manera definitiva el viejo modelo tutelar basado en la doctrina de la situación irregular y se da paso a un sistema proporcional, sustentado en la protección integral de los derechos de la infancia y adolescencia.

La reforma Constitucional en materia de justicia para adolescentes, establece que el Sistema de Justicia para Jóvenes, será aplicable a quienes atribuya la comisión o participación en un hecho que la Ley señale como delito y tenga entre 12 años cumplidos y menos de 18 de edad.

Asimismo, establece que las personas menores de 12 años, a quienes se atribuya la comisión de un delito, sólo podrán ser sujetos de asistencia social.