Congreso de Sonora aprueba Sistema Nacional Anticorrupción

El Pleno del Congreso local aprobó por unanimidad la Minuta que reforma diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, entre las que destaca la creación del Sistema Nacional Anticorrupción.

El presidente de la 60 Legislatura, Marco Antonio Flores Durazo, leyó el proyecto de Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de combate a la corrupción.

La minuta que fue aprobada en todas y cada una de sus partes, a través de la cual se crea el Sistema Nacional Anticorrupción como una instancia de coordinación entre las autoridades de todos los órdenes de gobierno competentes.

El sistema se crea para la prevención, detección y sanción de responsabilidades administrativas y hechos de corrupción, así como de la fiscalización y control de recursos públicos.

Contará con un Comité Coordinador, el cual establecerá los mecanismos de coordinación con los sistemas locales; diseñará y promoverá políticas integrales en materia de fiscalización y control de recursos públicos de prevención, control y disuasión de faltas administrativas y hechos de corrupción.

También determinará los mecanismos de suministro, intercambio, sistematización y actualización de la información que sobre estas materias generen las instituciones competentes de los diversos órdenes de gobierno.

Establecerá las bases y principios para la efectiva coordinación de las autoridades de los órdenes de gobierno en materia de fiscalización y control de los recursos públicos.

La Auditoría Superior de la Federación podrá fiscalizar directamente los recursos federales que administren o ejerzan los estados, los municipios, el Distrito Federal y los órganos político-administrativos de sus demarcaciones territoriales.

Además, en coordinación con las entidades locales de fiscalización o de manera directa, hará lo propio con las participaciones federales.

En el caso de los estados y los municipios cuyos empréstitos cuenten con la garantía de la federación, fiscalizará el destino y ejercicio de los recursos correspondientes que hayan realizado los gobiernos locales.

También observará los recursos federales que se destinen y se ejerzan por cualquier entidad, persona física o moral, pública o privada, y los transferidos a fideicomisos, fondos y mandatos, públicos y privados, o cualquier otra figura jurídica.