Yucatán ajusta ley familiar para proteger derechos de discapacitado

La sala civil y familiar del Tribunal Superior de Justicia de Yucatán emitió una resolución para proteger de mejor manera los derechos humanos de un hombre de 32 años con discapacidad leve en relación con un caso de interdicción.

De acuerdo con un comunicado del Poder Judicial del Estado, tres precedentes que favorecen a las personas con discapacidad se agregaron por ese motivo a la jurisprudencia local después de la decisión calificada de "inédita" que tomaron los magistrados.

Los jueces, se indicó mediante un boletín de prensa, hicieron un "ajuste razonable" a lo dispuesto en el actual Código de Familia vigente en la entidad para proteger las garantías individuales de una persona con discapacidad leve.

Los magistrados Jorge Rivero Evia, presidente de la sala, así como Mygdalia Astrid Rodríguez Arcovedo y Adda Lucelly Cámara Vallejos, integrantes, analizaron la apelación promovida por la madre de un hombre mayor de edad, quien presenta una discapacidad intelectual leve.

La promovente se inconformó con la resolución del juez de primera instancia, quien decretó como no procedentes las diligencias que ella inició para declarar la interdicción de su hijo.

Luego de un análisis, los magistrados revocaron aquella sentencia y emitieron una "declaración del estado de limitación de la capacidad jurídica", que va más allá del actual estado de interdicción previsto en la ley.

Esta, según el documento, "sólo procede en relación con las personas incapacitadas, privándolas de toda capacidad del ejercicio que por sí mismas hagan de sus derechos, situación que no ampara a quienes, como es el caso, presentan una discapacidad leve y que sí tienen capacidad de decisión sobre algunos aspectos de su vida".

La declaratoria implica que si bien la persona discapacitada será asesorada por su madre para tomar una serie de decisiones legales y de salud, a la vez podrá tomar decisiones de forma personal, tales como contraer matrimonio, hace un testamento, votar y elegir su forma de vida.

"El hecho de poseer una discapacidad intelectual leve amerita que su madre, quien es la promovente, le apoye en la toma de decisiones de los asuntos en los cuales se involucre", según la sentencia.

Ese apoyo "consistirá en la asesoría, consejo, así como en la entrega que te hará de información que tú necesites para decidir sobre temas como la venta, renta, donación, inversión o adquisición de bienes muebles, como un automóvil, e inmuebles, como una casa que desees tener", refirió.

Asimismo, sobre actividades riesgosas como los deportes, trabajos como el de la construcción y decisiones para ser sometido a tratamientos quirúrgicos, o en cuestiones relativas a adquisiciones de préstamos y firma de cheques, poderes, contratos, pagarés y convenios.

En contraste, el dictamen aclara que el interesado, un hombre de 32 años que padece un leve retraso mental, podrá ser autónomo en otras decisiones de carácter personal, como elegir pareja incluso con fines de formar un matrimonio y una familia; elegir y seguir una religión, y si desea tener hijos, así como el número de éstos.

Asimismo, de acuerdo con la sentencia, podrá votar y en su caso ser votado como candidato; tomar o no tratamiento médico sobre enfermedades, padecimientos y/o lesiones consideradas no graves; elegir el lugar donde desea vivir, y "disponer del dinero y cosas que obtenga por él mismo".