Suspende Profepa obras ilegales en predio del municipio Lerma

La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) suspendió de manera total y temporal el Programa de Manejo Forestal, así como obras no autorizadas en un predio particular en el municipio de Lerma, Estado de México.

La dependencia precisó que la zona denominada "Santa María Atarasquillo" no contaba con la autorización para el cambio de uso de suelo en terrenos forestales que expide la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).

Lo anterior se deriva de la serie de visitas de inspección que la Profepa realizó en coordinación con la Protectora de Bosques del Estado de México (Probosque) del 22 al 24 de abril, donde se constató el daño a 2.3 hectáreas de bosque, debido a la construcción ilegal de cuatro terrazas para cabañas, un campo de futbol, un almacén de materiales, una cisterna y una ampliación de camino con cunetas de cemento.

Asimismo en dichas obras se hicieron alcantarillas y taludes cubiertos de biomanta de fibra de coco, así como recubrimiento de camino con paneles de polipropileno sin el permiso de la autoridad federal ambiental correspondiente.

La dependencia detalló que las edificaciones hechas en el predio reflejan la intención de establecer un desarrollo inmobiliario dentro del bosque, lo que desequilibraría el ecosistema causando fuertes impactos a la filtración y escurrimiento de agua.

Lo anterior cobra vital importancia si se tiene presente que se trata de una zona considerada como de recarga del vital líquido que abastece al Valle de Toluca y poblados cercanos, señaló la dependencia en un comunicado.

Además, los impactos negativos también afectan la compactación del suelo, daño de flora y el desplazamiento de la fauna, por lo que la Procuraduría dictará en los próximos días medidas de urgente aplicación para la restauración de la zona.

La Profepa destacó que la sanción administrativa por esta actividad puede alcanzar hasta 20 mil días de salario mínimo vigente equivalente a 1.4 millones de pesos, además de una sanción penal que podría ser de seis meses a nueve años de prisión y por equivalente de 100 a tres mil días multa.