Procuraduría del Contribuyente emite recomendación en Tijuana

La Delegación Baja California de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (Prodecon) emitió una recomendación al titular de la administración Local de Servicios al Contribuyente de Tijuana del SAT, Francisco Iván Beltrones Burgos, por violar gravemente los derechos fundamentales de un contribuyente.

Lo anterior se desprende de una queja interpuesta por el representante legal de una plaza comercial en dicha ciudad fronteriza, a la cual el SAT le exige el cumplimiento de obligaciones fiscales bajo un régimen al que no estaba sujeta (Régimen General de Ley de las Personas Morales).

Ello, a pesar de que desde 1999 realizó la aclaración correspondiente en los sistemas del SAT, puntualiza la Prodecon en un comunicado.

Expone que en la recomendación se exhorta al funcionario Beltrones Burgos a reconocer, incluso con efectos retroactivos, el cambio de la situación fiscal del contribuyente, y en consecuencia, abstenerse de emitir requerimientos y multas por incumplimiento a declaraciones a las que legalmente no se encuentra obligada.

La Delegación de la Prodecon en Baja California señala que este tipo de acciones son dañinas para la sociedad y desalientan al cumplimiento oportuno de las obligaciones fiscales.

"Ya que no obstante en el caso concreto el contribuyente demostró fehacientemente que desde hace más de 15 años presentó el aviso que hoy desconoce el SAT, dicha autoridad lo sigue sancionando bajo el único argumento que la presentación de dicho aviso no figura reportado en sus sistemas informáticos", dijo.

La Procuraduría precisa que dentro de las gestiones que se llevaron a cabo durante la presente queja, ante la evidente violación de derechos, se planteó el caso al área central del SAT, específicamente a la Administración General de Servicios al Contribuyente, sin que se hubiere encontrado la voluntad de resolver este problema.

Asimismo, considera indispensable que las autoridades fiscales observen y den plena vigencia a lo dispuesto en el artículo primero Constitucional, que obliga a promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos.