Denuncias sobre "traiciones gubernamentales" en Brasil

En Brasil hay un colapso por la escasez de agua, y sólo se piensa en obras de emergencia; pero sin preocuparse por un cambio de paradigma, la deforestación de la selva amazónica y de las últimas florestas sobrevivientes de la casi extinta Mata Atlántica, con errores monumentales dentro y fuera y de las ciudades.

La denuncia proviene de organizaciones no gubernamentales ambientalistas, cuya militancia asegura que el gobierno de su país y sus aliados, incluidas las casi cuatro decenas de titulares de los ministerios que integran el gabinete presidencial, sintetizan lo que se consideran "traiciones gubernamentales en los muchos Brasiles existentes".

"Sin embargo, como ya lo hemos expresado, no todo es Petrobras, sino también Belo Monte y la Amazonia", dicen los activistas verdes en su interpretación del país, al contrario del lulismo y el dilmismo que tienen visiones limitadas que -acusan- "ignoran la existencia de cientos de miles de brasileños".

En la tierra de Lula da Silva y Dilma Rousseff hay pueblos tradicionales e indígenas originarios, por ejemplo, que no encuadran en las categorías de "pobres" ni de "trabajadores", convertidos en eso, al condenarlos a vivir en los suburbios miserables de las ciudades, aplicando un etnocidio que hasta hace pocos años era silencioso.

Sin embargo, dicen los ecologistas con y sin partido político, al construir plantas hidroeléctricas en la Amazonia durante los gobiernos de Lula y Dilma como Belo Monte, dejaron de demarcarse tierras indígenas, con un pésimo manejo de las reservas extractivas, condenando a la pobreza a quienes nunca se había visto en esa categoría social.

La forma de ver a Brasil por parte de Lula da Silva y su sucesora, encarnó las contradicciones que tratan de probar sus opositores ecologistas -incluidos los social demócratas Eduardo Cunha y Renán Calheiros-, al denunciar que el Partido de los Trabajadores (PT) ha sido incapaz de superarlas desde el poder.

En vez de hacerles frente, el PT se libró de quienes señalaban esas incongruencias, como fue el caso de Marina Silva, quien denunció la devastación amazónica debido a la ganadería extensiva y al cultivo de soya en perjuicio de las grandes selvas.

También está el uso del etanol y biodiesel que, a partir de la soya y la caña de azúcar, destruye no sólo la tierra, sino la vida de pobres y ricos por igual, y por eso surgen nuevos cuestionamientos:

"¿Los vehículos y la industria de Brasil son más importantes que la vida humana? ¿Beberemos etanol o biodiesel? ¿Son Petrobras y la gigantesca presa de Belo Monte las prioridades a resolver?", cuestionan documentos del Partido Verde de Brasil, al asegurar que, su dirigencia y su militancia, defienden genuinamente las causas ciudadanas.

Como lo señalaron semanas atrás, el PT y la coalición gubernamental de Brasil priorizaron proyectos de desarrollo "depredador", basados en grandes obras y en el cultivo de la soya para producir etanol, que ha dejado de lado aspectos sociales y ambientales.

Esos planes -añaden- privilegian además temas políticos y económicos, de acuerdo con los intereses de las grandes empresas transnacionales, sobre todo las dedicadas al cultivo y procesamiento de la soya.

Para la Unión Mundial de Grupos Ambientalistas (UMGA), esas son opciones inadmisibles en momentos en que la acción del ser humano como causa del calentamiento global sólo la descartan una minoría de escépticos del clima.

Entre éstos se incluye el actual ministro de Ciencia y Tecnología del gobierno de Dilma Rousseff, Aldo Rebelo, uno de los 39 ministros que integran el gabinete presidencial.

La síntesis de las contradicciones -y también de las traiciones, según la UMGA- de la cúpula en el poder no es Petrobras, sino Belo Monte, la central hidroeléctrica en la Amazonia, por la cual -denuncia la organización internacional- la constructora Camargo Corrêa habría pagado más de cien millones de dólares en sobornos al PT en el gobierno y a socios políticos que lo acompañan.