Legislatura mexiquense aprueba Ley Anticorrupción

El Congreso del estado de México aprobó las enmiendas constitucionales que le envió el Senado de la República que incluye el Sistema Nacional Anticorrupción.

En sesión del Octavo Periodo Ordinario los Grupos Parlamentarios del PRI, PRD y PAN destacaron la trascendencia de esta reforma para fortalecer la vida democrática de nuestro país.

La minuta establece al Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) como instancia de coordinación entre las autoridades de todos los órdenes de gobierno competentes en la prevención, detección y sanción de responsabilidades administrativas y hechos de corrupción, así como en la fiscalización y control de recursos públicos.

La LVIII Legislatura estatal es de los primeros congresos locales en aprobar la minuta que modifica diversas disposiciones de la Constitución Política del país para prevenir, detectar y sancionar hechos relacionados con la corrupción, aprobada y remitida por el Senado de la República.

En su oportunidad, el coordinador del Grupo Parlamentario del PAN, diputado Ulises Ramírez Núñez, subrayó que la reforma representa la lucha histórica, para combatir a la corrupción y avanzar en materia transparencia.

El documento plantea que el SNA contará con un Comité Coordinador integrado por los titulares de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, la Secretaría del Poder Ejecutivo federal, responsable del control interno.

Asimismo, forman parte de dicho Comité el presidente del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, organismo garante establecido en el artículo sexto constitucional y por representantes del Consejo de la Judicatura Federal y el Comité de Participación Ciudadana.

Ramírez Núñez destacó que el SNA fortalece las facultades de la ASF para realizar auditorías directamente durante el ejercicio fiscal en curso derivadas de denuncias, con el objeto de investigar y sancionar de manera oportuna posibles actos irregulares.

Sobre la declaración patrimonial y de conflictos de intereses, establece que los servidores públicos estarán obligados a presentar, bajo protesta de decir verdad, su declaración patrimonial y de intereses ante las autoridades competentes y en los términos que determinen las leyes aplicables.

Se propone la procedencia de la extinción de dominio en casos de enriquecimiento ilícito. Las declaraciones en cuestión servirán como instrumentos idóneos para la determinación de enriquecimiento sin causa jurídica alguna.