Existen elementos discriminatorios en marco legal electoral: experto

Carlos Ríos Espinosa, experto de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, señaló que aún existen elementos discriminatorios en el marco legal electoral.

En entrevista, al término de la presentación de la Guía de Acción Pública sobre Igualdad y Elecciones sin Discriminación, señaló que la ley electoral es especialmente discriminatoria hacia las personas con discapacidad intelectual o mental.

Por ello, consideró necesario que la norma electoral se armonice conforme a esa convención internacional que establece que todas las personas con discapacidad tienen derecho a votar.

"La ley debe tener requerimientos positivos para garantizar que todas las personas puedan participar políticamente, como es la accesibilidad en un sentido amplio", indicó Ríos Espinosa.

"Por ejemplo si una persona sorda quiere ser designada como funcionario de casilla tiene que haber accesibilidad en términos de un intérprete de señas y nada de eso está contemplado en la Ley General de Procedimientos e Instituciones Electorales", destacó.

El ex comisionado de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) mencionó que el comité sobre los derechos de las personas con discapacidad evaluó al respecto hace un año al país.

Éste "hizo una recomendación específica para la reforma y armonización de la legislación electoral mexicana, en la medida en que es excluyente, no sólo en su lenguaje, sino de lo que no dice", juzgó.

Ríos Espinosa consideró que se debe establecer en la norma la obligación de contar con material electoral accesible y la garantía de que las personas con discapacidad puedan emitir su voto de manera secreta, a través de una persona de confianza que les ayude con la boleta.

Abundó que la responsabilidad en el tema es compartida debido a que los partidos políticos tienen gran responsabilidad, ya que sus plataformas no son accesibles.

"No tenemos un diagnóstico sobre las necesidades de la implementación de la convención en la materia electoral, siendo que el país impulsó la misma en 2002 y ha sido ratificada por 150 países", refirió.

Agregó que la personas con una discapacidad intelectual no tienen capacidad jurídica, porque aunque pueden entrar a una casilla el día de la elección no pueden votar, debido a que no tienen credencial y no están en las listas del padrón.