Casos de tortura y malos tratos en España: Amnistía Internacional

Amnistía Internacional documenta casos de tortura y malos tratos en España de cara al examen de esta nación ante el Comité de Naciones Unidas contra la Tortura que tendrá lugar el próximo lunes.

Desde la última vez que España pasó esta revisión, en 2009, Amnistía Internacional ha documentado en un informe denuncias creíbles de casos de tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes cometidos por miembros de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado.

Según AI, España es responsable de perpetrar excesivo uso de la fuerza y de malos tratos por parte de los agentes de las fuerzas y cuerpos de seguridad durante manifestaciones.

De igual forma, conductas agresivas por parte de los agentes policiales contra periodistas que ejercían su derecho a la libertad de expresión y de información, señaló AI en un comunicado.

Refirió denuncias de malos tratos y expulsiones sin el debido procedimiento a personas migrantes, refugiadas y solicitantes de asilo, especialmente por la frontera sur (Ceuta y Melilla).

Además, la falta de diligencia en la persecución de delitos de violencia de género y delitos de tortura enmarcados en la lucha contra el terrorismo.

Incluyó también "la negación a los derechos a la verdad, la justicia y la reparación de las víctimas de crímenes de derecho internacional, incluida la tortura, cometidos durante la Guerra Civil y el franquismo".

"Los casos de tortura y malos tratos no pueden calificarse de casos aislados perpetrados por agentes que actúan solos. España debe en primer lugar reconocer que existen estos delitos, y adoptar las medidas propuestas por los organismos internacionales para investigarlos y prevenirlos", afirmó la responsable de Política Interior y Derechos Humanos de Amnistía Internacional España, Virginia Álvarez.

Ante esta situación, Amnistía Internacional hará llegar al Comité contra la Tortura de la ONU durante los días 27 y 28 el informe donde se documentan numerosos casos de tortura y malos tratos, así como la insuficiente respuesta de las autoridades españoles.

Entre las principales carencias del sistema español AI señaló la falta de investigaciones independientes y efectivas de carácter interno y judicial sobre las denuncias formuladas, lo que incluye la tendencia de los jueces españoles a archivar los casos, manteniendo la impunidad.

Señaló el hecho de mantener en las diferentes reformas legislativas el régimen de incomunicación, a pesar de que ha sido cuestionado por órganos internacionales de derechos humanos, ya que facilita la tortura y otros malos tratos a personas detenidas.

Subrayó la dificultad de las autoridades para identificar a los agentes responsables de posibles actos de tortura, así como el indulto a agentes de seguridad condenados por este delito.

Finalmente, AI apuntó la falta de garantías de examen médico de los detenidos sin que se encuentre presente la policía.