Transparenta ALDF entrega-recepción de recursos entre funcionarios

El pleno de la Asamblea Legislativa aprobó reformas para hacer más transparente la entrega-recepción de recursos entre los servidores públicos del Distrito Federal cuando terminan su encargo en la administración.

Al presentar el dictamen, el diputado Adrián Michel Espino explicó la Ley de Entrega y Recepción de los Recursos de la Administración Pública del Distrito Federal, por la que cada servidor público a cargo de una dependencia o entidad tendrá la obligación de presentar un informe al término de su gestión.

Éste deberá cumplir con la normatividad y los procedimientos que prescriba la Contraloría General o la Contraloría Interna respectiva, según el caso, y contener al menos un listado de los asuntos más importantes que haya atendido.

También los procedimientos administrativos que hayan iniciado en su gestión, los procesos de licitación realizados por su dependencia, las adjudicaciones directas decididas o con cargo a su presupuesto, así como la información referida a fianzas, pólizas y contratos vigentes.

El dictamen establece que la verificación del acta de entrega se haga en un plazo de 30 días, y no de 15 como se hace actualmente, para que el funcionario entrante tenga tiempo suficiente para conocer los asuntos y atender el seguimiento del acta entregada.

El legislador detalló que en la ley existen aspectos ambiguos u omisiones que generan vacío e incertidumbre en la gestión pública, sobre todo al concluir un encargo o pasar la responsabilidad encomendada de uno a otro servidor público.

Por otro lado, la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) aprobó reformas a la Ley Orgánica de la Administración Pública local que transfieren a la Consejería Jurídica y de Servicios Legales la facultad de despachar los asuntos relacionados con la cultura de la legalidad y la acción cívica, que recaen en la Secretaría de Gobierno capitalina.

Una vez publicada esa modificación en la Gaceta Oficial, la Consejería Jurídica tendrá a su cargo la Dirección Ejecutiva de Justicia Cívica, es decir los juzgados cívicos.

Además de la función de promover la cultura cívica y coordinar políticas interinstitucionales para fortalecer la cultura de la legalidad entre la ciudadanía.

El pleno legislativo local también votó a favor de reformar la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, que obliga a las delegaciones a hacer público el manejo del presupuesto participativo.

El diputado local Gabriel Gómez del Campo Gurza, del Partido Acción Nacional (PAN), detalló que las jefaturas delegacionales deberán publicar en sus respectivas páginas de Internet un informe detallado sobre el uso y destino de esos recursos públicos.

Lo anterior garantiza a los habitantes de la capital que pueden verificar en todo momento el correcto manejo del presupuesto participativo, conforme a la elección de los ciudadanos, respecto a obras y servicios.