Urge diputada a concretar Ley de Cultura

La presidenta de la Comisión de Cultura y Cinematografía de la Cámara de Diputados, Margarita Saldaña Hernández, consideró que el proyecto de Ley de Cultura es una deuda jurídica del gobierno con la comunidad cultural y con el país.

Mencionó que en la exposición de motivos se puede ver que desde 1988, año en que se creó el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (Conaculta), se ha venido señalando este vacío jurídico a los legisladores, de haber aprobado un consejo sin una ley reglamentaria.

De tal manera que en los últimos 10 años se han elaborado unos 10 proyectos de ley distintos, sin que se haya prosperado ninguno, recordó la diputada del Partido Acción Nacional (PAN).

Hizo notar que uno de los puntos más importantes en su elaboración es que la Ley de Cultura es un compromiso político de los partidos con mayor representatividad en el Congreso de la Unión.

El PAN ha señalado desde 1988 la necesidad de tener una Secretaría de Cultura y una legislación en la materia; en tanto que el PRI, junto al Partido Verde, han propuesto evaluar y actualizar el marco legal del sector cultural y promover una política de Estado en esta materia.

En tanto el PRD junto al Partido del Trabajo y Movimiento Ciudadano han propuesto la creación de un órgano de Estado dotado de autonomía, patrimonio propio y autoridad pública, con amplia participación de los actores y usuarios.

Dicho órgano, abundó, con carácter democrático y federativo, que coordine la política cultural del país, así como vincular la política cultural a los planes nacional y regionales de desarrollo.

Además, promulgar una ley general de cultura que establezca un marco jurídico integral en materia de distribución de competencias, financiamiento, perfil del organismo rector, marco de corresponsabilidad entre sociedad y gobierno, y los instrumentos básicos de promoción cultural.

Por otro lado, Saldaña Hernández señaló que esta ley es un mandato de la reforma al Artículo cuarto de la Constitución, que estableció el derecho de acceso a los bienes y servicios culturales que presta el Estado, impulsada y aprobada en la Cámara de Diputados en 2009.

Recordó que la legislación en materia de cultura es un pendiente del Pacto por México en esta materia, lo mismo que del punto siete de los Diez Compromisos Indispensables para una Nueva Política Cultural, entregados al presidente Enrique Peña Nieto antes de asumir el cargo.

Indicó que dicho punto establece el compromiso de impulsar la reforma de las instituciones públicas encargadas de las políticas culturales y que hoy consumen la mayor parte de los recursos en gasto burocrático, y diseñar un sistema de planeación y evaluación que permita tener indicadores de desempeño e impacto social.

La legisladora panista mencionó que se dio a la tarea de trabajar en este proyecto, luego de la realización del foro interparlamentario de cultura, organizado por la comisión que encabeza, donde los especialistas participantes solicitaron una vez más contar ya con un marco jurídico para la cultura.

Consideró que una de las mayores bondades de este proyecto de Ley General de Cultura es que, de ser aprobado, darían cumplimiento al 90 por ciento de las iniciativas que han propuesto durante los últimos 10 años.

Entre las características de la ley, dijo, es que desdobla el derecho de acceso a los bienes y servicios culturales que presta el Estado, establecido en la Constitución.

También crea un sector cultural, al dar el rango de secretaría al Conaculta y abrir paso a dos subsecretarías, encabezadas por los institutos nacionales de Antropología e Historia y de Bellas Artes, que han sido los grandes custodios del patrimonio cultural mexicano.

Cabe señalar, aclaró, que no tendría un impacto presupuestal, sino que, al reestructurar y delimitar atribuciones, se termina con la duplicidad de funciones que se tiene en diversas áreas.

Además, agregó, quedan a salvo los derechos laborales de los trabajadores culturales, y eleva a rango de Ley el Fondo Nacional para la Cultura y las Artes, con lo que da una mayor certeza jurídica a esta instancia que dependería de una ley y no de un decreto presidencial.

Asimismo, eleva a rango de ley el Programa Nacional de Cultura, hoy denominado Programa Especial de Cultura y Artes, y establece la Conferencia Nacional de Cultura, que sería un espacio de discusión y análisis sobre la política cultural del país.

Por otro lado crea un Sistema Nacional de Cultura, orientado a la coordinación entre la Federación, las entidades federativas, municipios y delegaciones del Distrito Federal.