Acuerdan audiencias públicas para dictaminar ley de transparencia

Las juntas directivas de las Comisiones Unidas de Anticorrupción y Participación Ciudadana, de Gobernación y de Estudios Legislativos Segunda del Senado establecieron un acuerdo para realizar audiencias públicas para dictaminar la Ley General de Transparencia.

Una vez desahogadas las audiencias públicas, el proyecto de dictamen que se emita será distribuido con la debida anticipación a todos los integrantes de las Comisiones Unidas.

Además se hará público el 9 de marzo y se citará a una reunión de trabajo para su discusión y, en su caso, aprobación el 10 de marzo, se informó en un comunicado.

Las instancias legislativas señalaron que no obstante los logros alcanzados en las discusiones por parte de los grupos parlamentarios el grupo redactor de la iniciativa en la que participan las panistas Laura Angélica Rojas Hernández y Marcela Torres Peimbert no se ha conseguido concretar coincidencias ni consensos en 10 temas generales.

Por ello, se resaltó en el texto, las Comisiones Unidas convinieron en que los días 2 y 3 de marzo se llevarán a cabo audiencias públicas para el proceso de dictaminación de la Ley General de Transparencia, a fin de escuchar a sujetos obligados, organismos garantes y a especialistas en la materia.

También determinaron un listado de 22 invitados, entre ellos Sergio López Ayllón, Luis Carlos Ugalde, Mauricio Merino Huerta y Jacqueline Peschard, así como representantes de organismos como el IFT, el Banco de México y la CNDH, que abordarán los 10 temas generales en los que aún existen divergencias.

Por ejemplo la prevalencia de la ley general contra otras leyes federales en materia de transparencia; y el procedimiento que se debe seguir para la apertura de la información en caso de violaciones graves de derechos humanos cuando no exista pronunciamiento previo de autoridad competente.

Asimismo está el mecanismo para el cumplimiento de obligaciones de transparencia por parte de fideicomisos y fondos públicos que no cuenten con estructura; el modelo sancionatorio; y la excepción de comités de transparencia en materia de seguridad nacional.

Otro tema son las causales de reserva en casos de estabilidad financiera, económica y monetaria, seguridad pública, seguridad nacional y averiguaciones previas.

Uno más donde se mantienen las diferencias es la prueba de daño y prueba de interés público; materia energética en la ley general; notificación al consejero jurídico cuando la resolución del organismo garante pueda poner en peligro la seguridad nacional; y facultades y procedimientos del IFAI para promover acciones de inconstitucionalidad.