Senadora pide crear fiscalías para investigar desaparición forzada

La senadora Cristina Díaz presentó un punto de acuerdo en el que exhorta a las autoridades de los estados y federales a revisar los tipos penales de desaparición forzada de personas y establecer Fiscalías Especializadas para la investigación.

En el documento, la legisladora del Partido Revolucionario Institucional (PRI) plantea que en caso de ser necesario, las entidades federativas deben modificar su legislación penal para que concuerde con los tratados y convenios internacionales.

"Esta práctica es una de las que más lastiman a la sociedad en su conjunto y es vital que los estados, además de comprometerse a tipificar la desaparición forzada como delito separado, aseguren que todas las denuncias de desapariciones se investiguen exhaustivamente", enfatizó.

La presidenta de la Comisión de Gobernación de la Cámara de Senadores alertó que en diversos estados, la desaparición forzada de personas todavía no es vista como un delito autónomo.

En algunos casos se ha perseguido como abuso de autoridad, detención arbitraria, delitos contra la administración de justicia o incluso, secuestro, enfoque que consideró preocupante porque la severidad de la pena no es la apropiada.

La sanción debe ser adecuada "por el tratamiento especial que merecen las víctimas directas e indirectas de este delito y por las graves consecuencias que genera en la sociedad", añadió.

En la exposición de motivos, la senadora de Nuevo León detalla que es vital que además de comprometerse a tipificar esta agresión como delito separado, los estados deben asegurar que todas las denuncias se investiguen exhaustivamente, independientemente de quién o quiénes sean los autores.

Díaz Salazar recordó que el Estado Mexicano es parte de acuerdos internacionales en la materia, pero que entidades como Baja California Sur, Estado de México, Quintana Roo, Tabasco y Yucatán aún no contemplan el delito de desaparición forzada en su Código Penal.

En cambio Chiapas, Guerrero y Querétaro cuentan con avances legislativos significativos, pero este hecho no ha sido una garantía para la correcta investigación y persecución de las desapariciones forzadas, abundó la priista.