Analiza Senado inmigración bajo tensión por atentados en Boston

El Senado de Estados Unidos analizó hoy un proyecto de ley bipartidista de reforma migratoria, en una maratónica audiencia en el Comité Judicial de todo un día, bajo tensión por los atentados en Boston la semana pasada.

El presidente del Comité, el demócrata Patrick Leahy, pidió mesura a quienes utilizaron los ataques como argucia para descarrilar la reforma.

El senador republicano Charles Grassley negó que intentara retrasar el proceso, en un intercambio de palabras con su colega demócrata Charles Schumer.

Tanto Grassley como su colega republicano Ted Cruz enfatizaron la necesidad de un mayor control fronterizo, aunque reconocieron que el sistema de inmigración es disfuncional y hacen falta soluciones.

La senadora demócrata Dianne Feinstein sostuvo por su parte que existe una "crisis nacional" por la necesidad de retener a los trabajadores agrícolas.

En los distintos paneles, testificaron tanto asistentes que defienden una legalización de unos 11 millones de indocumentados, como los que califican esa medida como "amnistía" para los que califican como "ilegales".

Los que defienden la legalización son la activista Gaby Pacheco, beneficiaria de un programa de acción diferida a su deportación para jóvenes que llegaron de niños al país, y la presidenta del Consejo Nacional de La Raza, Janet Murguía, entre otros.

En su testimonio, la ecuatoriana Pacheco citó, con voz entrecortada, las palabras del periodista indocumentado de origen filipino José Antonio Vargas, cuando preguntó qué hará Estados Unidos con los que llegaron de niños a Estados Unidos, país al que consideran su patria.

"Con dignidad y fe, ofrezco mis talentos, pasión y vida, pido que me den a mí, a mi familia y 11 millones de nosotros la oportunidad de integrarnos plenamente y alcanzar nuestro sueño americano", anotó Pacheco, quien reiteró su amor por el país.

En el otro extremo, testificó el secretario de Estado de Kansas, Kris Kobach, uno de los arquitectos del concepto de "autodeportación" de inmigrantes indocumentados mediante medidas punitivas.

Puntualizó que en el proyecto bipartidista de ley, la revisión de antecedentes penales es insuficiente para impedir que los "terroristas alcancen una amnistía", como califica a la reforma.

Indicó también que las personas deportadas pueden acogerse a una potencial legalización, así como los fugitivos de la ley de inmigración y quienes han recibido órdenes de deportación.

También indicó que la norma legalizaría a extranjeros peligrosos que han recibido el programa de acción diferida para jóvenes que llegaron de niños a Estados Unidos.

Una opinión similar tuvo el presidente del sindicato del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE), Chris Crane, quien rechaza la legalización de los indocumentados.

Al comienzo de la audiencia, el presidente del Sindicato de Trabajadores Agrícolas, Arturo Rodríguez, denunció los bajos salarios y la falta de beneficios de los que trabajan en el campo, además de que son víctimas de abuso debido a su estado migratorio.

Indicó que el proyecto de ley facilitará a esos trabajadores un estatus temporal y la oportunidad de lograr la residencia permanente.

El presidente del Consejo Nacional de Cooperativas Agrícolas, Charles Conner, elogió el compromiso en el Senado para responder a las necesidades tanto de los agricultores como de los trabajadores temporales.