Casa Blanca anuncia que Obama vetará leyes promovidas por republicanos

El presidente estadunidense Barack Obama vetará dos leyes promovidas por republicanos, en lo que apunta a ser el primer choque legislativo con un Congreso controlado por sus opositores, anunció hoy la Casa Blanca.

El anuncio anticipa la fácil aprobación a manos de los republicanos de ambas iniciativas, una de las cuales prohibiría a mujeres abortar 20 semanas después de su embarazo, que la Casa Blanca calificó como "un asalto en el derecho de decisión de la mujer".

Indicó, de igual modo, que la llamada "Ley de Protección contra el dolor del No Nacido" constituye un abierto reto a la decisión de la Suprema Corte de Justicia de legalizar el aborto cuatro décadas atrás.

Dijo que además de ignorar los derechos de salud de la mujer y el papel del cuidado médico, las bases sobre las que la propuesta legislativa descansa han sido cuestionadas.

La Casa Blanca indicó que "si la ley llega al escritorio del mandatario sus asesores principales recomendarán que la vete".

La misma suerte correrá la iniciativa de ley para aprobar la construcción del oleoducto Keystone, que transportará crudo pesado desde Canadá hasta refinerías en varios estados, incluyendo Texas.

La oposición a esta ley deriva de la imposición por parte del Congreso de plazos para que el gobierno federal conceda los permisos requeridos para su construcción.

La administración Obama ha insistido en la necesidad de permitir que el Departamento de Estado concluya con el necesario estudio de factibilidad, pero los republicanos acusan al gobierno de una dilación con fines políticos.

El proyecto para la construcción del oleoducto de ocho mil millones de dólares fue aprobado dos semanas atrás y ahora enfila al Senado, donde se anticipa su aprobación.

El proyecto había sido aprobado ya en noviembre pasado por la Cámara de Representantes con 252 votos a favor y 161 en contra, pero fue rechazado en el Senado, entonces de mayoría demócrata.

Aunque el oleoducto de la empresa TransCanada Corp. fue propuesto inicialmente en 2005 y aprobado dos años después en Canadá, aún es objeto de un proceso de evaluación ambiental.

La actual administración ha insistido en la necesidad de permitir que el Departamento de Estado concluya con el necesario estudio de factibilidad, pero los republicanos han acusado al gobierno de una dilación con fines políticos.

Con la llegada de los republicanos al control de la Cámara de Representantes y del Senado, el voto del proyecto se convirtió en su mayor prioridad legislativa.