Juez rechaza eliminar cargos por abuso contra gobernador de Texas

Un juez estatal en Austin rechazó hoy eliminar las acusaciones de abuso de poder contra el gobernador de Texas, Rick Perry, conforme solicitaron los abogados defensores del gobernante con base en un tecnicismo legal.

Los defensores de Perry argumentaron que el fiscal especial del caso, Michael McCrum, fue designado de manera incorrecta.

El equipo defensor del gobernador dijo que las acusaciones contra su cliente deberían ser anuladas porque no se siguieron los procedimientos apropiados cuando el abogado de San Antonio, Michael McCrum, fue juramentado como fiscal especial para el caso.

La defensa de Perry sostenía que una serie de documentos en relación con su nombramiento como fiscal especial no fueron presentados correctamente.

El juez estatal Bert Richardson, de la Corte del Condado de Travis, en Austin, rechazó este martes la petición de los abogados y dictaminó que el caso contra el gobernador debería continuar.

"Este tribunal concluye que la autoridad del señor McCrum no fue anulada por las irregularidades de procedimiento sobre cómo y cuándo se administró el juramento de su cargo", dijo Richardson.

Richardson amonestó a los abogados de Perry por haber esperado demasiado tiempo para presentar sus objeciones a la forma en que McCrum fue juramentado hace más de un año.

Perry fue acusado en agosto pasado por un gran jurado del Condado de Travis en Austin de cargos de "abuso de capacidad oficial" y "coerción de un servidor público".

Las imputaciones se desprenden de los esfuerzos del gobernador republicano para obligar a la procuradora del condado de Travis, la demócrata Rosemary Lehmberg, a renunciar a su cargo tras ser detenida por conducir en estado de ebriedad.

Lehmberg fue arrestada por agentes del sheriff del Condado de Travis con una botella de vodka abierta en la parte delantera de su automóvil. La procuradora se declaró culpable y cumplió una sentencia de 45 días de cárcel, pero se negó a renunciar a su cargo.

La acusación contra Perry se centra en el veto que el gobernador decretó en junio de 2013 para bloquear la entrega de 7.5 millones de dólares aprobados por la legislatura estatal para financiar una unidad de integridad pública dirigida por la procuradora Lehmberg.