Preocupa a ONU posibles vínculos policía-paramilitarismo en Colombia

El informe de Naciones Unidas (ONU) en el marco del Examen Periódico Universal (EPU) de Colombia subrayó que el país "carece" de una política para eliminar los vínculos de la Fuerza Pública y otros organismos de seguridad con el paramilitarismo.

"El Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias consideró que Colombia aún carecía de una política para depurar la Fuerza Pública y otros organismos de seguridad e inteligencia del Estado de sus vínculos con el paramilitarismo", indicó.

El informe, al que tuvo acceso Notimex, será presentado mañana martes aquí para su análisis por parte del Consejo de Derechos Humanos (CDH) de la ONU.

En el reporte, el Relator Especial sobre las ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias señaló que en 2012 "se seguían notificando casos de ejecuciones extrajudiciales, y no había avances en las investigaciones".

Observó, asimismo, el fenómeno de los llamados "falsos positivos", ejecuciones ilegales de civiles manipuladas por las fuerzas de seguridad para que parecieran bajas legítimas ocurridas en combate, e indicó que el gobierno se había esforzado por reducir el número de esas ejecuciones.

Sin embargo, tanto el Comité de Derechos Humanos, el Comité contra la Tortura (CAT) y el Comité para los Derechos del Niño (CRC) expresaron "preocupaciones similares".

De acuerdo con observaciones de la Alta Comisionada de la ONU para Derechos Humanos, Navi Pillay, "algunos oficiales del ejército continuaban negando la existencia de las ejecuciones extrajudiciales y desprestigiando el sistema judicial cuando se producían sentencias condenatorias, actitudes claramente despreciativas de las políticas del Ministerio de Defensa".

En relación a esto, Pillay observó que continúan expandiéndose los grupos armados ilegales "surgidos después de la desmovilización de organizaciones paramilitares", los cuales operan en torno al narcotráfico y otras actividades criminales.

Según subraya la Alta Comisionada, "son preocupantes las evidencias de complicidad de algunas autoridades locales y miembros de la Fuerza Pública con estos grupos".

Asimismo, el Comité contra la Tortura (CAT) "señaló que le preocupaba la complicidad de servidores públicos y representantes electos con grupos armados ilegales".

Además, el CAT mencionó que "le preocupaba la alta incidencia de la tortura en Colombia, y observó también las denuncias de la participación o aquiescencia de agentes del Estado y la carencia de investigaciones penales".

Por su parte, en 2012 el Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias constató que, desde su visita de 2005 al país, Colombia había realizado avances.

"No obstante, expresó su preocupación porque la desaparición forzada continuara siendo una práctica persistente, preocupación compartida por el CAT y el Comité de Derechos Humanos", refirió.

De igual forma, "constató que los familiares de las personas desaparecidas, quienes los representaban y aquellas personas que denunciaban la comisión de hechos de desaparición forzada, continuaban recibiendo ataques y persecuciones".

El CAT y el Comité de Derechos Humanos enfatizan en el informe publicado de cara al EPU de Colombia "la alta incidencia de detenciones arbitrarias, y en particular el uso de la detención preventiva administrativa".

Además, "la realización de detenciones masivas por parte de la policía y el ejército, y que las detenciones sirvieran para estigmatizar a ciertos grupos como líderes sociales, jóvenes, indígenas, afrocolombianos y campesinos".

Por otra parte, en cuanto a las condiciones de detención y el hecho de que las cárceles tuvieran carácter castrense seguían constituyendo un motivo de inquietud para el CAT.

El CAT instó a Colombia "a mejorar las condiciones materiales de los centros penitenciarios; redujera el hacinamiento; restringiera el uso de la reclusión en régimen de aislamiento; y pusiera en conocimiento de la justicia penal las quejas de tortura dentro de los centros penitenciarios y lugares de detención temporal".

En lo que se refiere a la violencia sexual, el informe refiere que en mayo de 2012, la Representante Especial del Secretario General sobre la violencia sexual en los conflictos visitó Colombia y expresó su preocupación por el aumento en este flagelo.

Asimismo, la Alta Comisionada reiteró su sugerencia de que el gobierno cursara una invitación a la Relatora Especial sobre la violencia contra la mujer, sus causas y consecuencias.

En cuanto al reclutamiento de niños, según observó el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, el gobierno avanza en la prevención de este flagelo.

"No obstante, el reclutamiento y la utilización de niños por grupos armados no estatales se habían generalizado y eran sistemáticos. Los menores de origen indígena y afrocolombiano estaban particularmente expuestos al reclutamiento", expuso.

El CRC y el CAT recomendaron a Colombia que proporcionara asistencia a los niños desmovilizados, sea cual fuera el grupo armado ilegal al que hubieran pertenecido.

Además, el secretario general también informó sobre "la utilización de niños para recabar información por parte del personal militar, lo que podía comprometer los derechos de los menores, provocarles mayor angustia y poner en peligro su seguridad".

"Eran motivo de preocupación los casos en que los miembros de las fuerzas militares sometían a interrogatorios a niños capturados de los grupos armados no estatales o que habían sido liberados por estos o que habían huido de ellos", observó el informe.

El CRC instó a Colombia "a que sancionara al personal de las fuerzas armadas responsable de dichos actos", agregó el reporte.