Diputado propone homologar tecnología en seguridad pública

El diputado del PRI, Luis Armando Córdova Díaz, propuso crear la Ley Federal del Uso de Tecnología para la Seguridad Pública, para homologar las bases de datos y los sistemas informáticos de todas las instituciones de este sector en el país.

De acuerdo con la propuesta que el legislador del Partido Revolucionario Institucional presentó ante la Cámara de Diputados, la idea es garantizar que las policías de los tres niveles de gobierno, cuenten con sistemas similares de obtención, almacenamiento y manejo de información.

En un comunicado, la Cámara baja explica que Córdova Díaz plantea emplear la tecnología para evitar duplicidad, contradicción y desfase de la información, que redundan en ineficacia de las dependencias encargadas de garantizar la seguridad de los ciudadanos.

Se busca generar datos precisos, oportunos y confiables como base para delinear estrategias de combate al crimen, a través de bases de datos homologadas en los tres órdenes de gobierno.

También se trata de establecer un sistema único de recolección, clasificación, registro y evaluación de la información, así como la estandarización de sistemas tecnológicos que permitan elaborar mapas precisos de la incidencia delictiva.

La propuesta incluye fortalecer la metodología en el uso del Sistema Nacional de Información de Seguridad Pública, para profundizar la eficacia de las labores de inteligencia en los tres niveles de gobierno.

A la profesionalización de los cuerpos policiacos, debe corresponder también el avance en el uso de tecnologías homologadas con igual metodología para todo el país, como enfatiza la propuesta presentada por el legislador priísta.

Entre otras cosas, es necesario el uso de radares de velocidad, botones de pánico, cámaras de videovigilancia y sistemas de comunicación más eficientes para el contacto entre diferentes cuerpos policiacos.

De acuerdo con el diputado Córdova Díaz, la aprobación de esta Ley significaría la operación de una política integral que recuperaría la confianza ciudadana en las instituciones de seguridad pública y, con ello, el tejido social.