Confía Argentina en resolver "default" con nueva legislación

El gobierno argentino confía en resolver el inédito e involuntario "default" (cesación de pagos) en que se encuentra con la ley que aprobó el Congreso para modificar el esquema global del pago de su deuda externa.

Las cámaras de Senadores y de Diputados aprobaron en un plazo récord de dos semanas la iniciativa, presentada por la presidenta Cristina Fernández para destrabar el pago a los bonistas.

Argentina ingresó en julio pasado a un complejo "default", luego que el juez estadunidense Thomas Griesa bloqueó los pagos que había girado a sus acreedores en un banco de Nueva York.

De esta manera, por primera vez entró en cesación de pagos un país que tiene la voluntad y la capacidad de pago, lo que desató un debate internacional que incluso se abordó esta semana en Naciones Unidas.

El juez mantiene congelados esos recursos en el banco de Nueva York en tanto Argentina no resuelva el conflicto con los fondos buitre (especuladores) que nunca quisieron renegociar su deuda y exigen pagos millonarios.

Los fondos buitre, que representan apenas 7.6 por ciento de los acreedores, ganaron la demanda contra Argentina en tribunales de Estados Unidos, lo que afectó al 92.4 por ciento restante de los bonistas que sí aceptó los canjes de 2005 y 2010.

El ministro de Economía, Axel Kicillof, afirmó este viernes que Griesa armó en su juzgado "una especie de romería" de diferentes reclamos "de los bonistas que no cobraron, de los bancos que no saben qué hacer con la plata, y la verdad que armó un desconcierto".

Advirtió que el juez no resuelve porque quiere presionar para que Argentina les pague a los fondos buitre en las condiciones que ellos desean, lo cual no va a ocurrir.

La nueva ley en la materia declara de "interés público" la reestructuración de la deuda soberana realizada en 2005 y 2010, que es la que corre peligro por las decisiones de Griesa.

También considera primordial "el pago en condiciones justas, equitativas, legales y sustentables al cien por ciento de los tenedores de títulos", y defiende la preservación del derecho a cobrar que tienen los bonistas.

Sin ambigüedades, el texto de la ley señala que tiene por objeto "implementar instrumentos legales para pagar ante la ilegítima e ilegal obstrucción de los mecanismos de cobro de los fondos pagados" por Argentina en Nueva York.