La fracción parlamentaria del PRD en la Cámara de Diputados propuso a los poderes judiciales de las entidades federativas y del Distrito Federal elaborar e instrumentar protocolos de actuación para quienes imparten justicia en casos donde se involucren derechos de personas, comunidades y pueblos indígenas, de sus respectivas jurisdicciones.

Argumentó que en fecha reciente la Suprema Corte de Justicia de la Nación presentó el Protocolo de Actuación para impartidores de justicia en el mismo sentido.

Los legisladores, Carlos de Jesús Alejandro, Lizbeth Eugenia Rosas Montero y Aleida Alavez Ruiz, expusieron que el documento está destinado a los funcionarios del Poder Judicial de la Federación, entre ellos jueces, magistrados y trabajadores administrativos.

El propósito es garantizar otros derechos reconocidos, así como reparar daños y sancionar, en su caso, a los responsables de la violación de los mismos.

Con ello, dijeron, se busca que las autoridades adecuen su praxis a los instrumentos internacionales atendiendo a los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad, así como a la restitución de derechos cuando son violentados.

El fin es garantizar un acceso pleno a la justicia, respetando todos los derechos procesales, como medio fundamental para la exigibilidad de derechos humanos.

Recordaron que el máximo tribunal de la Nación hace también hincapié en que, si bien en términos generales la justicia debe ser independiente, expedita, gratuita y de calidad, esas características adquieren significados específicos tratándose de la atención de las personas, comunidades y pueblos indígenas.

Insistieron en la necesidad de un trato que considere sus particularidades culturales, sus lenguas y su derecho a contar con intérpretes y traductores, así como defensores jurídicos que conozcan sus lenguas y su idiosincrasia.

Por ello, un Protocolo de actuación tendrá trascendencia histórica, porque por vez primera el más alto tribunal de la Nación le da viabilidad y contenido al artículo segundo de la Constitución --en concordancia con la reforma en materia de derechos humanos de 2011--.

Al mismo tiempo, da sentido práctico al reconocimiento del derecho a la autonomía y la libre determinación que significa que en primera instancia sean las propias autoridades de las comunidades y pueblos indígenas quienes resuelvan algunos casos de conflictos internos, y no los juzgados.

Así, cuando los operadores judiciales conozcan casos que involucren a indígenas, evaluarán si deben ser resueltos por las propias instituciones indígenas o son de competencia directa de los órganos jurisdiccionales federales, considerando las especificidades culturales de los pueblos y comunidades indígenas.

Para el grupo parlamentario, subrayaron, el Protocolo es una contribución indispensable para lograr la paz y la armonía con los pueblos y comunidades indígenas de México, porque contribuye a darles certeza jurídica, garantizándoles plena observancia de su cultura y sus derechos.