Amonesta CE a España por negar asistencia sanitaria gratuita

La Comisión Europea (CE) amenaza con multar a España por obligar a los ciudadanos de otros países europeos a pagar por los tratamientos que reciban en sus hospitales públicos.

Los Veintisiete se han dotado hace años de una tarjeta sanitaria europea que permite a todos los ciudadanos europeos acceder a la atención médica de urgencia en cualquier país de la mancomunidad en el que se encuentre en carácter temporal.

No obstante, con el agravamiento de la crisis económica, cada vez más hospitales españoles están rechazando ese derecho y exigiendo un seguro de viajes o un número de tarjeta de crédito para proceder a tratamientos que son gratuitos para los ciudadanos nacionales.

Bruselas ha recibido denuncias de turistas a los que se ha informado erróneamente de que su tarjeta sanitaria europea no es válida si tienen seguro de viaje.

Otros pacientes han creído que se les atendía con la tarjeta sanitaria europea, pero posteriormente han descubierto que se había facturado el tratamiento a su compañía de seguros de viaje.

"Esta actuación de los hospitales en cuestión significa que los titulares de la tarjeta sanitaria europea se ven privados de asistencia sanitaria pública en las mismas condiciones que los ciudadanos españoles y sólo se les ofrece tratamiento privado", señaló la CE.

"El coste mucho mayor de ese tratamiento privado repercute sobre las empresas de seguro de viaje o, cada vez más, se factura directamente a los ciudadanos", agregó.

El problema persiste desde 2010 y, pese a que las autoridades españolas afirman haber adoptado medidas para atajarlo, las quejas no han cesado.

Por su parte, las empresas de seguros de viaje han informado al Ejecutivo de que no cubren la asistencia sanitaria privada en la mayoría de los casos.

Bruselas envió ahora una carta de emplazamiento a Madrid, primer paso de un procedimientos de infracción que puede culminar con sanciones financieras.

España tiene dos meses para responder a las inquietudes manifestadas y, de no hacerlo, la CE pedirá formalmente una reforma legal y podría llevar el caso ante el Tribunal de Justicia de Luxemburgo.