Es inconstitucional que un partido político prohiba a sus militantes trabajar en los gobiernos surgidos de un partido diferente, resolvió la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

En su sesión de este miércoles trató el caso de Felipe Carlos Moreno Márquez, militante del Partido Acción Nacional (PAN), quien aceptó trabajar en la administración priista de Cuautitlán, Estado de México, a pesar de la prohibición expresa del Comité Directivo Municipal.

El órgano directivo del blanquiazul, con fundamento en los artículos 27 del Reglamento de Miembros del PAN, y 33, fracción IV, del Reglamento sobre Aplicación de Sanciones del mismo instituto político, emitió un oficio por medio del cual le negó el permiso solicitado para colaborar en la administración municipal priista.

Ante la libertad de trabajo garantizada en la Constitución Política, los magistrados consideraron que los militantes de un partido no requieren autorización de sus dirigencias para trabajar y ocupar algún cargo público.

Por lo anterior, declararon inconstitucionales las normas mencionadas y revocaron el oficio partidista que le impedía trabajar en el gobierno municipal.

En otro asunto, el pleno de la Sala Superior revocó el acuerdo del Consejo General del Instituto Federal Electoral (IFE) por el que determinó incluir de manera visible, en el anverso de la credencial para votar con fotografía, los datos relacionados con el domicilio del ciudadano.

El tribunal, sin embargo, no ordenó que los datos aparezcan encriptados o codificados, sino que dejó al Consejo General del IFE plena jurisdicción para que emita un nuevo acuerdo al respecto, donde pondere con suficiencia la conveniencia de incluir o no esos datos de forma visible.

Al resolver un recurso de apelación promovido por el Partido de la Revolución Democrática (PRD), se estableció que la autoridad administrativa electoral federal debió hacer un balance objetivo entre las circunstancias de la utilidad funcional, que pueden justificar mantener visible el domicilio del elector o, en caso contrario, encriptarlo o codificarlo.

Durante la sesión pública se analizaron y resolvieron siete juicios para la protección de los de los derechos político-electorales del ciudadano, un recurso de apelación y cinco recursos de reconsideración, lo que hace un total de 13 medios de impugnación, además se aprobaron dos tesis.