El Congreso de Nuevo León aprobó reformas al Código Penal estatal para tipificar y sancionar el ciberbullying y el sexting con multas de 100 a mil cuotas, y castigar con trabajo comunitario a los responsables o hasta tres años de cárcel en caso de reincidencia.

De acuerdo con el dictamen de la Comisión de Justicia y Seguridad, presentado por el diputado Daniel Torres Cantú, y aprobado con 35 votos a favor, uno en contra y una abstención, la reforma por adición al artículo 345 aplicará a petición de la parte afectada.

De esta forma, "comete el delito de difamación quien utilice cualquier medio electrónico para difundir, revelar, ceder o transmitir una o más imágenes, grabaciones audiovisuales o texto para causarle a una o varias personas deshonra, descrédito, perjuicio o exponerla al desprecio de alguien".

Asimismo, el administrador o representante del medio utilizado para realizar las conductas señaladas en la reforma está obligado a revelar la identidad de quien utilizó el medio para realizar dicha conducta de ciberbullying y sexting.

"Si requerido por el Ministerio Público no entrega la información, se le impondrá la sanción señalada, según corresponda", fija el artículo 345 bis del Código Penal de Nuevo León.

Por su parte, la diputada local panista y promovente de la reforma, Carolina Garza Guerra, resaltó la aprobación al resarcir la dignidad de las personas, toda vez que las agresiones de acoso y chantaje cibernético, particularmente entre los jóvenes, se han elevado de forma alarmante en el estado.

"Psicólogos y psiquiatras en nuestro estado reciben cada vez en sus consultorios a más jóvenes con serios daños psicológicos y en su autoestima, debido a este tipo de acciones que generan en la víctima cuadros de depresión y aislamiento", expresó.

A su vez, el coordinador legislativo del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Edgar Romo García subrayó que el objetivo es impulsar un uso responsable de las redes sociales y evitar la difamación y el desprestigio.

Su compañero de bancada, Francisco Cienfuegos Martínez remarcó que los delitos tipificados no se perseguirán de oficio, sino a petición de la parte afectada, por lo que tendrá que levantarse una querella por quien se sienta víctima de este delito.