La ONU denunció que la violencia en contra de las niñas y mujeres indígenas tiene un "carácter polifacético" que involucra no sólo las agresiones personales sino aquellas perpetradas por el sector público y el privado.

En un informe difundido en el marco del Foro Permanente de la ONU para la Cuestiones Indígenas -del 20 al 31 de mayo-, la ONU destacó que "la violencia que experimentan las mujeres y las niñas indígenas desafía toda simple categorización".

Indicó que estas agresiones son agravadas por la doble discriminación por motivos de raza y género, en particular cuando la mujeres aborígenes interponen recursos contra la violencia.

Titulado "Estudio sobre la incidencia de la violencia contra las mujeres y las niñas indígenas", el documento destacó además que estas agresiones no se pueden desvincular de la colonización.

Subrayó que estos abusos son infligidos durante los procesos históricos de colonización, así como en sus secuelas, que incluyen la desintegración de las estructuras comunitarias y la autoridad cultural, a menudo relacionadas con el abuso del alcohol y las drogas.

Recordó además que en muchas partes del mundo aún se aplican políticas basadas en el racismo, la exclusión y un enfoque del desarrollo contrario a principios de los pueblos indígenas y los derechos humanos fundamentales.

Como ejemplos de la violencia del sector privado, la ONU citó varios casos en que actividades de empresas han tenido un efecto negativo sobre los modos de vida tradicionales indígenas.

Destacó, por ejemplo, que en los yacimientos petrolíferos de Ecuador, el cáncer es la causa del 32 por ciento de las defunciones, tres veces más que la media nacional (12 por ciento) y afecta principalmente a las mujeres.

Señaló también los efectos adversos de plaguicidas en la salud de las mujeres dedicadas a la agricultura, así como la privatización de tierras indígenas para promover actividades turísticas, en que la población femenina es a menudo la más afectada.

Mientras tanto, el informe asentó que la violencia del "sector público es parte de un patrón más amplio, sistémico y culturalmente condonado, o al menos aceptado, de violencia contra la mujer en el dominio público".

Como ejemplo, citó que en Australia la presencia de mujeres indígenas en cárceles, a menudo por delitos menores, "es enormemente desproporcionada", en tanto que las indígenas de zonas rurales carecen de servicios adecuados de salud reproductiva.

Asimismo, en Canadá, el 42.7 por ciento de las mujeres aborígenes vive en la pobreza, que es el doble del porcentaje de las mujeres no aborígenes y considerablemente más que el número de hombres de comunidades autóctonas.