Nuevo marco anticorrupción busca evitar irregulares en Poder Judicial

El Consejo de la Judicatura Federal (CJF) dispuso un nuevo marco anticorrupción para las contrataciones públicas que instaura obligaciones a sus servidores para denunciarlas y aplicar sanciones a funcionarios y a empresas privadas.

El CJF informó que como parte de su estrategia para cerrar espacios a conductas irregulares, publicó hoy en el Diario Oficial de la Federación, el Acuerdo General del Pleno 16/2014 para instrumentar internamente la aplicación de la Ley Federal Anticorrupción en Contrataciones Públicas, que entra en vigor este viernes 27 de junio.

El acuerdo da atribuciones a la Contraloría del Poder Judicial de la Federación para que, a través de la Dirección General de Responsabilidades, inicie investigaciones por irregularidades en contrataciones públicas que le sean denunciadas de manera electrónica o impresa, o que le ordene el Pleno del CJF.

Además, con base a la ley referida, sus servidores públicos quedan obligados a denunciar por escrito y de manera inmediata las posibles infracciones que sean de su conocimiento, en la materia que genera el acuerdo, y establece que de no hacerlo es causal de responsabilidad.

También establece la fase de investigación, que deberá iniciarse en un plazo no mayor de seis meses, tiempo en que la Contraloría conocerá de las presuntas infracciones e iniciará las indagatorias correspondientes y disposiciones aplicables por denuncia impresa o electrónica y de oficio.

De igual manera, instaura las sanciones aplicables en caso de comprobar presuntas irregularidades en las que participen algún servidor público o personas físicas y morales, de acuerdo con los capítulos 4 y 5 de la Ley Federal Anticorrupción en Contrataciones Públicas.

El órgano de control y administración del Poder Judicial de la Federación (PJF) indicó que de esta manera, "guarda la firme convicción de que es necesario reconocer la corresponsabilidad que existe entre los sectores público y privado".

Ello con motivo de todo acto de corrupción que pueda cometerse en el campo de las contrataciones públicas a su cargo, por lo que es necesario instrumentar la aplicación de ese ordenamiento dentro de su propia realidad institucional, aseveró en un comunicado.

El CJF consideró que, sin perjuicio de las sanciones a las que deben quedar sujetos los servidores públicos por el indebido ejercicio de sus funciones, el procedimiento administrativo sancionador en contra de particulares, debe llevarse a cabo de manera pronta, completa e imparcial.

Según el acuerdo 16/2014 del Pleno del CJF, "estas acciones tienen el objetivo de aplicar adecuada, oportuna y eficazmente las sanciones que desalientan, abaten y castigan las conductas que se realizan al margen de la legalidad de las contrataciones públicas que le corresponde realizar".

El CJF tiene la facultad de emitir las bases para que las adquisiciones, arrendamientos y enajenaciones de todo tipo de bienes, la prestación de servicios y la contratación de la obra que realice el PJF se ajusten a los principios constitucionales, con excepción de lo que corresponde a la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Igualmente, cuenta con la competencia para aplicar la Ley mencionada y dictar las disposiciones administrativas necesarias para su adecuado cumplimiento en las contrataciones públicas a su cargo.