Situación judicial de vicepresidente argentino aún es incierta

La situación procesal del vicepresidente de Argentina, Amado Boudou, será indefinida hasta que culminen las declaraciones de testigos y acusados del escándalo de corrupción que ensombrece al gobierno.

Fuentes judiciales confirmaron que el juez Ariel Lijo anunciará si procesa o no al vicepresidente a más tardar en julio venidero, pues en ese mes ya deben haber concluido las indagatorias.

Boudou se presentó el pasado 9 de junio ante Lijo y se convirtió en el primer vicepresidente de la historia democrática de Argentina que declara como imputado en una causa por corrupción.

De acuerdo con la ley, el magistrado contaba con un plazo de 10 días a partir de la presentación del vicemandatario para dar a conocer su fallo, lo que se cumplió el pasado 20 de junio, pero el límite no es obligatorio.

En otros casos, la justicia ha definido procesamientos incluso hasta un año después de las declaraciones de testigos e imputados, aunque se prevé que Lijo no postergará tanto su decisión debido a la gravedad institucional del caso.

Si Lijo procesa a Boudou, comenzará un largo proceso para quitarle los fueros a través de un juicio político que ya ha promovido la oposición en el Congreso, pero al que todavía se opone el oficialismo.

La historia que conmueve a la política local comenzó en abril de 2012, cuando un programa de televisión denunció que Boudou había intervenido cuando era ministro de Economía para rescatar financieramente a la imprenta Ciccone.

De acuerdo con la investigación, el funcionario después compró parte de la empresa y logró que obtuviera contratos millonarios para la impresión de billetes y boletas electorales con el Estado y con el partido gobernante, el Frente para la Victoria.

El vicemandatario está acusado de "negociaciones incompatibles con la función pública", aunque el caso puede cambiar a algo más grave como "cohecho" en caso de que el juez decida procesarlo.

Desde el principio, el gobierno descalificó la investigación y denunció que obedecía a una causa política para desacreditar al funcionario, quien sabe que lo más probable es que sea procesado y por ello apuesta a demostrar su inocencia en un juicio.