Grupos civiles exigen fin de redadas de Arpaio en Maricopa

Una coalición de grupos civiles interpuso una nueva demanda contra el controversial sheriff del condado de Maricopa, Joe Arpaio, para obtener un mandato judicial que lo obligue a terminar las redadas de indocumentados en los centros laborales.

La demanda interpuesta por la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) y el grupo pro inmigrante "Puente Arizona", cuestiona la forma en que Arpiao utiliza las leyes estatales contra la inmigración indocumentada para efectuar operativos en los sitios de trabajo.

Estos operativos han resultado en la detención de cientos de inmigrantes y en la separación de familias, sostiene la demanda presentada el miércoles ante una Corte Federal en Phoenix.

La demanda fue interpuesta a nombre de Sara Cervantes Arreola y Guadalupe Arredondo, ambos afectados junto con miles más por las redadas.

En la querella también se señala al procurador del condado de Maricopa, Bill Montgomeri, y a Robert Halliday, en su condición de director del Departamento de Seguridad Pública de Arizona.

De acuerdo con los demandantes, entre 2007 y 2008 se aprobaron legislaciones estatales que endurecen las leyes contra el robo de identidad y contra individuos que trabajan con documentos falsos.

Ambas situaciones han sido aprovechadas por Arpaio para realizar redadas que conducen al arresto de indocumentados.

Las redadas, empero, no provocan efecto o responsabilizan de algo a los contratistas que emplean en forma consciente a inmigrantes indocumentados.

Desde 2007 a la fecha, Arpaio ha llevado a cabo 80 redadas y arrestado 790 trabajadores sin documentos migratorios, según estadísticas difundidas por la propia Oficina del Sheriff.

Los demandantes denunciaron que la mayoría de los detenidos son procesados por robo de identidad aunque el número de seguro social con el que trabajan sea inventado.

Señalaron que ese tipo de operativos están sobrepasando la autoridad federal al violar principios constitucionales del federalismo.

La demanda no pide compensación monetaria por daño causado, pero exige a cambio que se emita una orden judicial que obligue a la Oficina del Sheriff del Condado de Maricopa a frenar las redadas contra indocumentados en centros de trabajo.