Argentina dispuesta a negociar con tenedores de "fondos buitres"

La representante legal de Argentina en el juicio que mantiene contra los tenedores de bonos no reestructurados, conocidos como "fondos buitres", dijo en Nueva York que el país sudamericano está dispuesto a negociar con los acreedores.

De acuerdo con las transcripciones de la corte federal de Manhattan, la abogada Carmine Boccuzzi aseveró el miércoles que "las autoridades estarán la próxima semana en Nueva York y quieren negociar con los tenedores de bonos no reestructurados".

La abogada reiteró que el gobierno de Argentina pretende entablar "un diálogo" con los tenedores de bonos, a los que debe casi mil 500 millones de dólares, y que "tiene la voluntad de negociar" con los acreedores.

La abogada advirtió ante el juez Thomas Griesa, sin embargo, que la disposición del gobierno argentino para negociar no significaría el pago total de la deuda a los tenedores de bonos que se negaron a renegociar la deuda en 2001.

La audiencia sucede luego que el lunes pasado la Suprema Corte de Estados Unidos rechazó la apelación de Argentina en torno a la decisión de la corte de Nueva York, que estableció que el gobierno no podía pagar a los acreedores de sus bonos reestructurados si no honraba todas sus deudas.

El gobierno de Argentina reaccionó fuertemente a la decisión de la corte del lunes pasado. La presidenta Cristina Fernández apuntó que el gobierno no cedería ante la "extorsión" y el canciller expresó que el pago a los llamados fondos buitres empujaría al país a un nuevo default.

El grupo de tenedores de bonos no reestructurados está encabezado por el fondo NML Capital, una subsidiaria de Elliot Capital Management, que es controlada por el multimillonario estadunidense Paul Singer.

La deuda en disputa proviene de la suspensión de pagos por 95 mil millones de dólares a acreedores extranjeros anunciada por el país sudamericano en 2001. Aquellos que decidieron renegociar su deuda obtendrían entre 25 y 29 centavos por cada dólar.

Sólo una minoría de los acreedores de Argentina, que controlan alrededor de 8.0 por ciento total de la deuda, decidió demandar al país sudamericano.