El comercio organizado del país pidió la reactivación de la Comisión Especial Intersecretarial de Combate a la Economía Ilegal, integrada por dependencias federales y organismos privados, ante el crecimiento de la informalidad en el país.

En un comunicado, el presidente de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco-Servytur), Jorge Dávila Flores, expuso que la informalidad está asociada con otras problemáticas, como la pobreza y la inseguridad.

Por ello, dijo, es urgente reactivar la Comisión Especial Intersecretarial de Combate a la Economía Ilegal, que está integrada por las secretarías de Gobernación, de Hacienda y de Economía.

Así por el Servicio de Administración Tributaria (SAT), la Procuraduría General de la República (PGR), la oficina de la Presidencia de la República, el Consejo Coordinador Empresarial, la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin) y la Concanaco.

Se trata, expuso, de simplificar el pago de impuestos, estimular la apertura de empresas legalmente establecidas e incorporar paulatinamente las unidades informales a la formalidad, con el fin de generar un círculo virtuoso que permita mayor crecimiento económico y creación de empleos.

Refiere que de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), la informalidad supera la media nacional de 59 por ciento de la Población Total Ocupada en 15 de las 32 entidades federativas del país.

La lista es encabezada por Oaxaca con 80.5 por ciento, Guerrero con 79.2 por ciento y Chiapas con 78.1 por ciento, seguidos de Hidalgo, Puebla, Tlaxcala, Michoacán, Veracruz, Morelos, Zacatecas, Yucatán, Nayarit, Campeche, Guanajuato y Tabasco.

De manera coincidente, refiere el líder del comercio organizado, los tres estados con más altos niveles de informalidad tienen los mayores porcentajes en situación de pobreza: Chiapas con 78.4 por ciento; Guerrero con 67.4 y Oaxaca con 67.4 por ciento.

Dijo que según expertos, los altos niveles de informalidad indican flujos de inversión escasos e insuficientes para generar la infraestructura y fuentes laborales legales, pese a que todas esas entidades reciben importantes cantidades de dinero de participaciones federales y de la contratación de deuda con la banca privada.