La viabilidad del sistema público de pensiones está seriamente cuestionada por lo que abordar su reforma es una condición de necesaria, advirtió hoy El País.

La severidad de la crisis económica y la evolución demográfica son factores estructurales que contribuyen a cuestionar la sostenibilidad del sistema.

Resaltó que el informe que el gobierno encargó a un grupo de expertos antes de iniciar la negociación con los agentes sociales, define las condiciones de revisión de la cuantía a percibir por los pensionistas.

A finales de septiembre debe estar lista la reforma, tal como exige Bruselas, impaciente ante su lentitud, y la conclusión más concreta es que tras la reforma, las pensiones ya no tendrán garantizada su actualización según la inflación.

Existirán límites a las bajadas, atendiendo a la "suficiencia" de las mismas y un límite a su incremento cuando la situación financiera de la Seguridad Social mejore, constituido por el propio IPC.

En el mejor de los casos las pensiones recuperarán la erosión producida en el poder adquisitivo que mide ese índice de inflación.

Otro mecanismo de cálculo las ajustará tras la entrada en vigor de la reforma en función de la esperanza de vida de esos nuevos pensionistas.

El resultado final no puede ser otro que la reducción del gasto correspondiente, afectando no solo a los futuros pensionistas, sino también a los ya existentes, subrayó.

Abordar el desequilibrio financiero de la Seguridad Social es una prioridad básica, con bastante independencia de las exigencias de las instituciones europeas, concluyó.